Cinco años y 10 meses transcurrieron desde que el bullado caso Katanas estremeció a Bolivia al develar los movimientos de una mafia de trata y trafico de mujeres al interior de este local nocturno en La Paz. Este miércoles, el Tribunal Séptimo de Sentencia de la sede de Gobierno debía dictar sentencia condenatoria contra seis de los 10 acusados por estos delitos; sin embargo, la audiencia fue suspendida por tercera vez, informó la abogada que lleva el caso, Paola Barriga.
“Hoy estaba señalada la audiencia a las 8:30 para que se realizara la última audiencia de alegatos en conclusiones y se dicte sentencia después de seis años de litigio. Sin embargo, la Presidencia del Tribunal Séptimo de Sentencia, desde hace tres meses atrás, presenta baja médica y continúa está dilación injustificada”, lamentó la jurista, reconocida por llevar casos de peso mediático.
Entre tanto, la nueva fecha establecida para dictar sentencia fue programada para el 24 de agosto, a las 9:00.
EL CASO
Todo comenzó cuando Nohemy C., hija de Marco C., propietario del Club Katanas, denunció a su padre por el presunto delito de explotación laboral y sexual a jovencitas captadas en Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Ante ello, en septiembre de 2016, la Justicia determinó la reclusión del dueño del local en el penal de San Pedro. Un mes después, una determinación judicial mandó la demolición de este centro nocturno.
Cuatro años más tarde, en julio de 2020, y después de someterse a un proceso abreviado, los policías Jacinto F.G. y Freddy A.M, contratados como guardias de seguridad por Marco C., fueron sentenciados a siete años de prisión en el penal de Palmasola, por su presunta complicidad en la trata y trafico de mujeres bolivianas y extranjeras en el caso Katanas.
Hoy, a la Justicia le resta emitir sentencia contra el dueño del local, Marco C., su esposa y hermana; además del responsable de la Unidad Policial de Apoyo y Control Migratorio (Upacom), el coronel Freddy B., y dos exfuncionarios municipales de la gestión de alcalde Luis Revilla.
SENTENCIA EN ESPERA
Barriga lamentó la retardación de Justicia en este caso y observó que el 26 de julio se llevó a cabo una audiencia para la cesación de la detención preventiva de Marco C., dueño del local Katanas y cuatro centros nocturnos más en La Paz y Santa Cruz.
“Nosotros, como parte victima, no fuimos notificadas, pero sí asistió (la presidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia) casualmente a esa audiencia, donde nosotros no nos encontrábamos”, dijo, al respecto, Barriga. Entonces le negaron la libertad a Marco C.
“Es muy llamativo que en tres meses no podamos avanzar con esta audiencia. Esperemos que el día 24 ya se obre en justicia y que tengamos una sentencia firme en pro del Estado y además de sentar un precedente contra los delitos de trata de personas”, señaló la jurista.
La defensa de las victimas pide que la Justicia aplique la máxima condena de 15 años de prisión sin derecho a indulto, como establece el código 321 del Código Penal. /Opinión.
