Expertos advierten que el mayor beneficiado por la postergación del Censo de Población y Vivienda es el Gobierno, porque ya no llamará a un pacto fiscal ni redistribuirá los escaños en el Parlamento, lo que indirectamente benficiará a los departamentos con reducción poblacional. En cambio, los especialistas consideran que Santa Cruz será la más postergada porque por otros tres o cuatro años más no podrán alcanzar los recursos que hubiera absorvido en desmedro de los departamentos con menor crecimiento.
Mamfredo Bravo, coordinador de la Comisión Interinstitucional Pro Censo de Santa Cruz cree que los compromisos que tienen con el desarrollo de la población boliviana (por Santa Cruz) se postergan, por lo menos, hasta 2026. “Perdemos todos los bolivianos porque las alcaldías y universidades dependen de los recursos que se distribuyen con base en su población. Ellos van a quedar postergados por cuatro años más” dijo.
El martes, el presidente Luis Arce convocó al Consejo Nacional de Autonomías y participaron ocho gobernadores. De Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no asistió. En el encuentro decidieron postergar el Censo para mayo o junio del año 2024.
El cruceño pidió al Gobierno que presente “fundamentos técnicos” para esa postergación. “Resulta que ahora se usan argumentos políticos, como el clima y la guerra en Ucrania porque no tienen sustentos técnicos para sostener una ampliación tan grande como la que se ha hecho”, afirmó Bravo.
Calificó como “una irresponsabilidad” fijar esta nueva fecha porque se postergan las demandas, en especial para los municipios que están creciendo y no tienen las condiciones para atender a esta población. “Vemos que los médicos están reclamando la falta de ítems, los del sector educativo también. No hay condiciones para atender saneamiento básico. Se postergan las soluciones porque de realizarse el Censo en 2024, los resultados saldrán en 2025 y se aplicarán desde 2026”, dijo. Agregó que se demoró unos dos años la aplicación de los resultados en el proceso censal pasado.
Melvy Vargas, exdirectora del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Santa Cruz, cree que con la postergación “todos perdemos y el único que gana es el Gobierno”. “Al no haber Censo no hay información actualizada, no se puede hacer una buena planificación, no hay una buena asignación de recursos. Estamos trabajando con datos de 2012 y tenemos muchos problemas porque (ese censo) tuvo muchos errores”, sostuvo.
Yuri Miranda, exdirector del INE en el Gobierno de Jeanine Añez, piensa que no se realiza un censo mediante consejos, sino a través de métodos estadísticos y la única institución que puede realizarlo es el INE. “No entendemos por qué se determinó la postergación a través de un consejo. Al retrasarlo, están demorando la posibilidad de tener datos comparables de municipios y gobernaciones en cuanto a la información exacta para medir, sobre todo, la actividad económica del país”, dijo.
El experto afirmó que “todos salimos perjudicados”, todas las regiones son afectadas porque continuarán trabajando con datos censales de hace más de 10 años. “Además, el más afectado es el INE porque pierde mucha institucionalidad y credibilidad, en especial su transparencia porque no informaron sobre los avances del Censo. En la reunión del Consejo de Autonomía debería estar el INE. Es como si otras entidades decidieron su principal trabajo”, añadió.
Con información de Página Siete.
