El Proyecto de Ley 035 busca preservar la salud y la vida, por lo que el Ejecutivo pidió al sector Salud, que protagoniza movilizaciones, “no tenerle miedo” al examen médico, establecido en la Disposición Adicional Única, pues una vez realizado el mismo podrá seguir trabajando después de los 65 años.

En conferencia de prensa, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, lamentó que algunos dirigentes del sector salud “interpreten erróneamente” la Disposición Adicional Única de ese proyecto y con ello se opongan y llamen a movilizaciones.

“Cuando uno revisa esta Disposición Adicional Única tiene que entender de que son los trabajadores los que van a acceder a este examen médico, pero por supuesto eso no va a ser una limitante para su continuidad laboral”, explicó.

Precisó que, si el examen médico indica que el trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad en su fuente laboral, a la edad de 65 años o más, podrá continuar trabajando porque el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución Política del Estado (CPE).

El examen médico implica un estudio especializado que estará a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), una entidad estatal que ya tiene más de 60 años de trayectoria en el país.

“Los dirigentes del sector Salud no deberían tenerle miedo a un examen médico que simplemente va a evaluar sus facultades y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo lo va a seguir realizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, exhortó.

La Disposición Adicional Única del proyecto de ley señala que “Con el objeto de coadyuvar con la preservación de la salud y bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más de edad, y cumplan requisitos establecidos en la Ley 065, se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el Sistema Integral de Pensiones”.

En el parágrafo II señala: “Los asegurados dependientes, señalados en el parágrafo precedente, para su continuidad laboral a solicitud expresa del asegurado podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo de Instituto Nacional de Salud Ocupacional el cual evaluará el estado de salud del trabajador”.

Ya el parágrafo III del proyecto establece que “se encuentran exentos de la aplicación del parágrafo I de la presente disposición las autoridades electas designadas y de libre nombramiento”.

“Es importante comprender esa conexión que hay entre el parágrafo I y el parágrafo II. En el caso del parágrafo III se hace una excepción justamente a lo que son autoridades electas designadas y de libre nombramiento”, explicó Apaza.

Respecto a este tercer parágrafo, insistió en que no se puede comparar el trabajo de un alcalde, un gobernador o de autoridades de los órganos Legislativo y Judicial, u otros, con el trabajo que hace un maestro, doctor, enfermero y otros trabajadores.

“Entonces, son actividades distintas; por un lado, uno está trabajando porque tiene capacidades, seguramente ha cubierto los requerimientos del puesto de trabajo; y la otra, es una autoridad electa por el pueblo”, enfatizó.

El Proyecto de Ley 035, que está dirigido a los actuales y futuros jubilados, modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario. El mismo fue remitido por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en junio de 2023, para su tratamiento y aprobación.

El viceministro hizo esas explicaciones ante el paro nacional de 72 horas desde este martes convocado por el sector Salud en rechazo al proyecto de ley, que no establece la jubilación forzosa y fija un incremento de hasta Bs 1.000 en la pensión.

Gobierno afirma que no hay “jubilación forzosa” y que trámite será voluntario

El Gobierno cuestionó el paro de 72 horas que comenzó este martes el personal de salud, en rechazo a la modificación de la Ley de Pensiones, que estaría promoviendo una “jubilación forzosa”.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, afirmó que la iniciativa no contiene ninguna jubilación obligatoria, ya que el trámite es voluntario y para aquellas personas que cumplan 65 años. Dijo que el objetivo es mejorar el fondo solidario de pensiones.

“En realidad, lo que busca es incrementar las pensiones de jubilación, se están modificando los límites solidarios, de tal forma de que los jubilados y los futuros jubilados puedan recibir un incremento en las pensiones de jubilación de hasta 1.000 bolivianos en función a los años de aporte que hayan realizado durante su vida laboral”, dijo Apaza a la red Unitel.

El sector salud comenzó este martes un paro de 72 horas exigiendo la anulación del proyecto de ley. Se sumaron a este pedido los maestros y las federaciones docentes de universidades públicas.

Apaza explicó que este fondo solidario ya rige desde 2010 y casi el 70% de los jubilados ha recibido un incremento en su pensión gracias al fondo solidario.

El Viceministro dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) una posible modificación a la normativa.

“Rechazamos la desinformación que establecen algunos dirigentes. La edad de jubilación está establecida en el artículo 13 de la ley 065 vigente desde el año 2010”, indicó Apaza.

Los médicos denunciaron que el proyecto de ley establece la jubilación forzosa a los 65 años.

 “En Bolivia la edad de jubilación es a partir de los 58 años. Y en el caso de las mujeres, la edad de jubilación puede bajar hasta los 55 años, se les reduce un año por cada hijo vivo nacido”, señaló Apaza.

Los médicos observan que el proyecto de ley obligaría a todos los trabajadores a someterse a un examen médico a los 65 años para saber si pueden seguir ejerciendo en su campo laboral.

Apaza dijo que “lo que en realidad establece la disposición adicional única de este proyecto de ley es que los trabajadores que cumplan 65 años puedan acceder a un examen médico a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, un instituto que lleva casi 70 años de vida y que es una instancia especializada en medicina del trabajo”.

Para el Viceministro se trata de “una medida preventiva para que los trabajadores a esa edad tengan información sobre su estado de salud y sean ellos mismos los que decidan si quieren seguir trabajando o de repente les conviene ya jubilarse considerando que las pensiones de jubilación en nuestro país han ido mejorando progresivamente”.

Afirmó que “el examen médico le va a dar información al trabajador sobre su estado de salud. Y con esa información es el propio trabajador el que puede decidir iniciar su trámite o no de jubilación. Esa es una decisión voluntaria”.

Apaza explicó que para que una persona se jubile debe cumplir requisitos, por ejemplo cumplir 58 años en el caso de los varones y que tenga al menos 10 años de aporte de forma continua o discontinua al sistema de pensiones.

“Cumpliendo esos requisitos ya una persona recién puede iniciar un trámite ante la Gestora Pública para poder acceder a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez. Entonces, no hay una jubilación forzosa, obligatoria o automática. Es un proceso voluntario, un trámite voluntario”, sostuvo.

aseveró  que “en el país tenemos 17.800 jubilados que continúan trabajando. Eso demuestra que el ser jubilado no es un impedimento para el trabajo”.

Dijo que la norma está en la ALP, por lo que puede haber modificaciones.

“El proyecto de ley está en la Asamblea. Es un proyecto que recién va a ser tratado en el pleno de la Cámara de Diputados, luego en el pleno de la Cámara de Senadores, y es en esa instancia en la cual se va a revisar en grande y en detalle el proyecto de ley.

“Por eso este tipo de movilizaciones no van a tener ningún resultado porque son los diputados y los senadores los que van a definir cuál va a ser el curso de la ley. Instamos a que depongan intereses políticos a algunos dirigentes que están desinformando”, afirmó.

Viceministro Silva califica de político el paro médico y verifica qué centros de salud suspenden servicios

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, calificó de político el paro médico de 72 horas que se inició este martes y anunció que se verificará qué establecimientos suspendieron los servicios para aplicar las sanciones que corresponda.

“Nos constituiremos en los centros de salud, en coordinación con el Ministerio de Salud, para verificar quiénes están prestando atención y quiénes suspendieron el servicio y, de acuerdo a norma, aplicar las sanciones correspondientes. No queremos judicializar este tema, sino que se restablezca el servicio, porque están castigando a la población”, dijo Silva durante una inspección al Complejo Hospitalario de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) convocó a un paro de 72 horas a partir de este martes, hasta el jueves, en rechazo al proyecto de ley 035 sobre los límites solidarios de las pensiones y la jubilación.

La autoridad remarcó que el paro es injustificado porque el proyecto de ley se encuentra en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y los médicos podrían activar mecanismos constitucionales para dejar sin efecto la norma y no utilizar a la salud como factor de presión.

“Nuestra protesta es contra este paro injustificado, un paro estrictamente político, que más afecta a la población que no tiene absolutamente nada que ver con un tema político, que están gestando lamentablemente algunos dirigentes médicos”, dijo Silva.

Reprochó que se afecte a la población más vulnerable con el paro médico y enfatizó que “no se pueden suspender por ningún motivo los servicios de salud que son un derecho de la población”.

Organismo Internacional recomienda evaluar a los 65 años la jubilación o seguir trabajando

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda evaluar, a la edad de 65 años, la jubilación o seguir trabajando, tomando en cuenta que cada año fallecen en el mundo 2,4 millones de trabajadores por temas relacionados a enfermedades profesionales.

“Es importante entender que, a nivel internacional, también se recomienda que las personas ya a esa edad de 65 años evalúen si les conviene jubilarse o de repente quieren seguir trabajando”, explicó este martes el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza.

La OIT, a través del Convenio 102 sobre Seguridad Social, suscrito por Bolivia, establece en el Artículo 26 que “La edad prescrita (de jubilación), no deberá exceder 65 años. Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate”.

Asimismo, según datos de ese organismo internacional, cada año fallecen en el mundo 2,4 millones de trabajadores por temas relacionados a enfermedades profesionales, que no fueron detectadas oportunamente.

En el mundo, los países que actualmente establecen un límite en la jubilación desde los 60 años son España (67 años), Paraguay (65), Argentina (65) y México (60).

Considerando ese contexto, el Ejecutivo de Bolivia envió en junio de 2023 a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley 035 que modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, para su tratamiento y aprobación.

Además, en su Disposición Adicional Única, este proyecto de normativa busca preservar la salud y la vida de los trabajadores proponiendo un examen médico, el cual “no va a ser una limitante para su continuidad laboral”.

“Por eso nosotros defendemos esta Disposición Adicional Única, que lo único que está buscando es que esos trabajadores de 65 años puedan acceder a un examen médico (…), que lo van a realizar los propios profesionales en Salud”, enfatizó el viceministro.

Señaló que, si el examen médico indica que el trabajador tiene plenas facultades para seguir desarrollando su actividad en su fuente laboral, a la edad de 65 años o más, podrá continuar trabajando porque el derecho al trabajo está garantizado en la Constitución Política del Estado (CPE).

El examen médico implica un estudio especializado que estará a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), una entidad estatal que ya tiene más de 60 años de trayectoria en el país.

“Los dirigentes del sector Salud no deberían tenerle miedo a un examen médico que simplemente va a evaluar sus facultades y si esa persona cumple las facultades necesarias para seguir desarrollando su trabajo lo va a seguir realizando, pero si no, por supuesto que esa persona también tendrá que reflexionar sobre su estado de salud y priorizar su vida antes que el trabajo”, dijo.

|| Agencias