El Gobierno nacional oficializó este lunes la implementación del Decreto Supremo (DS) 4732, cuyo objetivo de proteger a los bolivianos y frenar las cláusulas y prácticas comerciales “abusivas” en contratos de preventa de bienes inmuebles.
“Cuando se promulgó el Decreto Supremo 4732, escuchamos voces razonables de preocupación en el sentido que este decreto iba a ahuyentar las inversiones o iba a generar burocracia y otros elementos. En ese contexto, nuestro presidente (Luis Arce) nos encomendó, al Ministerio de Justicia, a través del ministro Iván Lima, que podamos escuchar a los empresarios, al sector privado, para conocer las observaciones que tenían, descartando y desvirtuando aquellas preocupaciones que tenían como sector”, informó este lunes el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
De acuerdo con la autoridad, esta normativa no se constituye en un mecanismo que pueda ahuyentar la inversión formal en Bolivia, sino más al contrario, formalizar la economía y potenciar al sector empresarial que hay en el país.
Dijo que el decreto está enfocado a resguardar, a proteger los derechos de usuarios y consumidores que demandan a veces el servicio de una inmobiliaria, para adjudicarse un bien inmueble o a veces demandan el bien inmueble, directamente.
“Aquí creemos que están aquellas empresas, aquel sector privado formal que quiere ponerle el hombro también a la construcción de esa economía plural, y algo que está decidido también a luchar contra la informalidad y ayudarnos a formalizar la actividad y al sector.Éste también es un servicio que va a brindar el Ministerio de Justicia, esta certificación no tiene costo alguno”, mencionó./ABI