Fiscalía no investiga a un extranjero que la Policía acusó en el caso Misael Nallar

La Fiscalía informó ayer que el ciudadano colombiano John Walter Tibaduiza Hernández no figura como implicado en el asesinato de los tres uniformados

La Fiscalía informó ayer que el ciudadano colombiano John Walter Tibaduiza Hernández no figura como implicado en el asesinato de los tres uniformados en el municipio de Porongo, como aseguró el comandante de la Policía, general Jhonny Aguilera.

Los investigadores policiales no entregaron ningún informe con el nombre del extranjero y este dato, además de la falta de testigos, pone en duda la hipótesis que la Policía lanzó inicialmente sobre la participación de este ciudadano en el crimen, que tiene como principal sospechoso a Misael Nallar, detenido en el penal de Chonchocoro.

“No tenemos un informe oficial de ese ciudadano (Tibuadiza), solamente tenemos conocimiento de lo que pasó en redes sociales. No existe ningún informe policial que nos permita identificar a esta persona”, informó ayer el fiscal Marcos Arce, en Santa Cruz.

Arce señaló que emitió requerimientos para corroborar los datos revelados por una nota de la red Unitel, en la que -en un contacto virtual desde Colombia- Tibuadiza rechazó la versión que dio Aguilera. El extranjero sostiene que salió del país el 22 de junio, luego de que policías del puesto de control en Montero lo interrogaran y le robaran celulares y 6.000 dólares.

“Hasta el momento se han logrado identificar como responsables de estos graves hechos (el triple asesinato) a John Walter Tibuadiza Hernández, de nacionalidad colombiana; al señor Raúl Caballero Mosquera, de nacionalidad boliviana, y Esteban Beltrán Muñoz, de nacionalidad colombiana”, afirmó Aguilera la noche del 22 de junio en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz.

Montero

Sin embargo, esa misma madrugada Tibuadiza -según su relato- había demostrado a los policías del retén de Montero, que “no tenía nada que ver” con el asesinato y aseguró no conocer a Misael Nallar. Afirmó que la Policía no lo retuvo porque no había nada en su contra.

Aguilera precisó que Tibuadiza y Beltrán no tenían registro de ingreso a Bolivia en Migración, por lo que su permanencia en el país era ilegal y que sus nombres figuraban en los contratos de alquiler de las casas en las que se realizaron allanamientos.

Además, Aguilera informó que hasta ese momento los delitos por los que eran investigados Nallar y los otros implicados era por asesinato, asociación delictuosa y portación ilícita de armas. Y pese a los elementos expuestos por la Policía, la Fiscalía sólo imputó a Nallar, Beltrán y el abogado Rodrigo Gonzales Arrázola; todos están con detención preventiva en Chonchocoro, El Abra y Palmasola, respectivamente.

Relato del colombiano

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo. Después de que encuentran el dinero me dicen: ‘Ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’. Me señalan para allá (una dirección) y yo me lleno de miedo porque creí que me iban a matar”, relató Tibuadiza.

El colombiano afirmó que ese incidente se dio a las 5:20, aproximadamente, del 22 de junio.

En su versión, Tibuadiza afirmó que los policías de negro y con el rostro cubierto le preguntaron si conocía a Nallar y si era narcotraficante. El colombiano respondió: “¿Usted cree que si yo fuera narcotraficante andaría en trufi? Yo a ese señor (Nallar) nunca en mi vida, vea por lo más sagrado, nunca en mi vida lo había visto”, fue lo que dijo a los policías que instantes después lo dejaron ir, despojándolo de celulares y 6.000 dólares.

Ayer, los administradores de Vías Bolivia informaron que a pedido de la Fiscalía entregarán los videos de las cámaras de vigilancia de aquel día, en el cual el ciudadano colombiano fue retenido en Montero.

Al margen de la declaración del extranjero, tanto el fiscal Arce como los abogados de Nallar aseguraron que ninguno de los testigos afirmó haber visto a Nallar, a sus guardaespaldas o a los colombianos disparar las armas contra los dos sargentos y el voluntario del Gacip.

Tibuadiza también reveló que había ingresado al país de forma ilegal 10 días antes del crimen, supuestamente desde Ecuador, vía Perú, por Desaguadero, primero a La Paz y luego a Santa Cruz. Mencionó que el motivo de su viaje era para la búsqueda de trabajo.

Asimismo, dijo que el día del crimen sí estuvo por la zona Los Cuchis, pero en un horario distinto al de la hora del crimen, y que fue para valuar el alquiler de una finca para un cliente.

Agregó que con una mujer, propietaria de cinco inmuebles, visitó aquella zona en un auto alquilado, que señala fue el elemento que lo involucró de manera equivocada en el caso.

Al margen de esas aseveraciones, la Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para esclarecer el asesinato de tres efectivos.

Exasesora del ministro pide investigar fortuna de policías

Investigación Gabriela Reyes, criminóloga y exasesora del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que no se debe descartar posibles vínculos entre policías de la Felcn y Misael Nallar, principal acusado del asesinato de tres efectivos de la Policía, contra quien también se abrió una investigación por legitimación de ganancias ilícitas.

Fortunas Para Reyes, existen varios vacíos en la investigación de la Policía y considera que los cambios “cotidianos” de los efectivos de la Felcn son una medida administrativa, no una solución estructural. “Sin judicializar, (se puede) hacer una investigación de las fortunas que han reprobado el polígrafo y si hay indicios, recién judicializar”, manifestó.

Antecedentes Página Siete verificó que en la página oficial de la Fiscalía de Colombia existe una nota de prensa del 3 de diciembre de 2020, en la que se informa que 15 personas, entre ellas John Walter Tibuadiza Hernández, fueron “judicializados (imputados)” como posibles autores de “múltiples homicidios” en una zona denominada Meta. Al margen de ese antecedente, en la entrevista con Unitel el colombiano admitió que estuvo preso por microtráfico de droga, lo que fue uno de los impedimentos para conseguir trabajo en su país.

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