El incremento salarial del 3% al haber básico está sujeto a negociación en el sector privado, sobre la base de este porcentaje mientras que en el sector público solo alcanzará a los trabajadores de salud y educación. Así lo confirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
Para los empresarios, se trata de una medida que forma parte de un “acuerdo político” y que generará conflictos. Esperan la vigencia de la norma y de su reglamento.
El Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento del 3% al haber básico y 4% al salario mínimo nacional.
La propuesta del ente matriz de los trabajadores era del 7% al mínimo y 10% al básico mientras que desde el Gobierno el último planteamiento fue de 1.5%.
Montenegro aclaró que las Fuerzas Armadas, Policía, funcionarios de instituciones públicas y estratégicas, además de ministros y viceministros no recibirán el incremento. Se estima que unos 310.000 trabajadores de salud y educación recibirán el beneficio y el resto, que son 90.000 funcionarios, están excluidos.
Justificó la decisión porque en las empresas públicas hay proyectos de inversión y “se van a sacrificar para dar este incremento”.
“Queda claro que el incremento es un elemento de reposición al poder adquisitivo del salario y que está siendo repuesto por el Gobierno nacional”, dijo.
Con respecto a las gobernaciones, municipios y universidades, dijo, citado por ABI, que habrá el incremento, “en función a sus posibilidades”.
También advirtió que las empresas privadas no tienen por qué despedir a sus trabajadores “porque hay una fase de ascenso de la economía que está en otra tendencia y no es razonable que ahora aumente el desempleo”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) calificó como “un acuerdo político” el incremento. A través de un comunicado, reiteraron que las “consecuencias perjudiciales”, en el plano económico y social, serán de “entera responsabilidad” del Gobierno y de la dirigencia de los trabajadores.
Los empresarios alertaron que el incremento salarial 2022 tendrá un efecto “muy grave” sobre las empresas, especialmente las micro y pequeñas empresa (mypes), que se reflejará en la pérdida de fuentes de trabajo, informalización, precarización laboral e insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones.
“Esto es, además, una inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas”, se lee. Opinión.
