Vence el plazo acordado por los municipios con Camacho; hay tensión en Santa Cruz

“Se acabó la diplomacia y vamos a bajar a las bases para acordar cómo nos haremos escuchar”, declaró Joel Ontiveros, alcalde de Pampagrande.

La Gobernación de Santa Cruz rechazó el ultimátum que fue impuesto por la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) para negociar, especialmente, la redistribución de las regalías derivadas del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y la construcción de caminos departamentales. El plazo vence el 13 de junio; hay tensión y se preparan protestas.

Los alcaldes que son parte de esta asociación edil prefirieron no adelantar criterios, aunque las organizaciones sociales de varias provincias de los Valles y la Chiquitania optaron por no respaldar un eventual bloqueo de caminos, pero gana terreno la posibilidad de marchas de protesta en la capital cruceña y la “toma” de predios de la administración regional.

Luis Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, explicó a EL DEBER que las exigencias de Amdecruz “violan la autonomía departamental” porque estas pueden derivar en alternaciones en el presupuesto que se aprobó y que se ejecuta con las provincias, no así con los gobiernos municipales que tienen su propia asignación de presupuesto, según el sistema autonómico que hay en el país.

“Tenemos nuestras acciones a seguir; hay un presupuesto a ejecutar; existe un plan de trabajo a cumplir que es fiscalizado por la misma Asamblea Departamental, por los consejos de vigilancia. Tenemos nuestros mecanismos de control y no son los municipios quienes tienen que controlar y decirnos cómo vamos a gastar nuestros recursos. Están violando la autonomía”, dijo Menacho.

Al comenzar este mes, cuando estalló el conflicto de San Julián y Cuatro Cañadas, primero cinco alcaldías de la Chiquitania que están bajo el control MAS y, luego, Amdecruz, cuyas autoridades electas por esa fuerza política representan el 60%, alertaron con movilizaciones si el gobernador Luis Fernando Camacho no dialogaba para atender su pliego. El pasado jueves los municipios de los Valles anunciaron protestas a partir de este lunes porque no fueron atendidos por el gobernador Luis Fernando Camacho.

“Se acabó la diplomacia y vamos a bajar a las bases para acordar cómo nos haremos escuchar”, declaró Joel Ontiveros (MAS), alcalde de Pampagrande, tras una fallida reunión en la Gobernación.

Por su lado, el vicepresidente de Amdecruz y alcalde de San Miguel de Velasco, Pedro Damián Dorado (MAS), explicó que los municipios están en “estado de emergencia desde el año pasado” y que, por efecto de esa declaratoria, pidieron hablar, en 13 ocasiones, con Camacho. “Nos hemos reunido una sola vez y hemos salido con sabor a poco. Nos han dicho que no tiene recursos para atender las demandas”, apostilló Dorado, luego de reclamar la necesidad de trabajar junto a la Gobernación. “Ellos reciben transferencias del Tesoro General del Estado. Este año tendrán Bs 800 millones y hay una ley de redistribución de recursos a nivel de los consejos provinciales”, mencionó la autoridad en contacto con EL DEBER.

Menacho coincidió. Señaló que, precisamente, son estas instancias regionales —los consejos provinciales— las que toman decisiones y no únicamente los municipios que son parte de ellas. De estos consejos “también forman parte las organizaciones sociales, los comités cívicos y los productores”, aclaró la autoridad.

En cuanto a las regalías, Dorado explicó que la redistribución está establecida en una ley departamental que establece una asignación de 50% para productores, 40% para las organizaciones no productoras y 10% a los indígenas.

“Quienes estamos más cerca de la población somos los alcaldes. Hemos tenido sequía, vamos a tener heladas y ya vienen los incendios. ¿Quién nos ayuda? No hemos encontrado empatía por parte de la gobernación”, afirmó el vicepresidente de la Amdecruz.

Plazos

La organización edil fijó el 13 de junio para que los municipios sean atendidos y ante la negativa de la Gobernación, se alistan medidas de presión hasta que el gobernador los reciba para dialogar.

“La Gobernación no puede trabajar bajo la presión de los municipios. Amdecruz debe tener claro cuál es la tuición de los municipios y cuál es la tuición de la Gobernación; Amdecruz debe tener claro a dónde van las regalías; las regalías no van a los municipios, van a las provincias. No hay recursos para entregar de forma directa a los municipios; son en base a proyectos que llegan para las provincias que lo conforman”, puntualizó Menacho poco antes de lamentar la distorsión que se dio por efecto de las demandas y bloqueos de la carretera a Beni que tuvieron lugar en San Julián.

De acuerdo con la autoridad del gobierno departamental, existen municipios en la zona de los Valles que no conocen las demandas de Amdecruz y que, en caso de un nuevo escenario de conflicto, “no se van a sumar para respaldar”.

La Gobernación aprobó un presupuesto de Bs 1.276 millones, que es 10% menor al que recibió en 2021, cuando se ejecutó el 82% de esa asignación. Para 2022 se destinó el 20% para Salud, según datos oficiales. Eso sí, el estado de estas finanzas no le permite acceder a más créditos. Menacho aseguró que la construcción y el mantenimiento de caminos, una de los pedidos que coinciden casi todos los municipios, requiere de una programación que se prolongará hasta 2024 y que no se puede ejecutar “inmediatamente” como piden los gobiernos locales.

“En un futuro podemos presupuestar esos caminos de acuerdo con las prioridades, pero no como mandan ellos su pliego petitorio con palabras como ‘exigimos’ y ‘damos un plazo’. Ya no estamos en ese camino”, señaló el secretario de Desarrollo Productivo.

La primera ola de protestas que estalló en San Julián y Cuatro Cañadas se produjo entre la última semana de mayo se prolongó hasta los primeros días de este mes. La carretera a Beni estuvo cerrada 10 días en momentos en los que varios sectores productivos, especialmente aquellos vinculados con la exportación de carne y granos, se vieron afectados. Entonces, el gobernador Camacho calificó la medida de política porque estaba siendo promovida por los alcaldes vinculados al MAS.

En medio de los bloqueos la Federación de Transportistas Interprovincial de la Gran Chiquitania reclamaron por las rutas nacionales. Anunciaron un bloqueo a partir del 13 de junio, pero esa protesta tampoco ganó apoyo.

Franz Pérez, de la federación de transportistas de Concepción, afirmó que ellos no saldrán a bloquear para evitar perjuicios.

 

El Deber

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