Un hombre de la tercera edad se encuentra en riesgo de desalojo debido a una deuda que comenzó en $3,800 en 2017, pero que, por errores en el contrato y falta de información, ascendió a más de $38,000 en 2025. Según Lourdes, el hombre había firmado un contrato como garante de la deuda de un contratista, pero debido a su «desconocimiento» y su incapacidad para leer y escribir, no comprendió completamente el alcance del documento que firmaba, denunció su vecina, que apoya en el proceso de defensa.
«El señor no sabía lo que estaba firmando, él pensó que le estaba haciendo un favor a su contratista, quien le había pedido que fuera testigo de un préstamo. Ahora la deuda ha crecido exorbitantemente», explicó Lourdes. Además, los pagos realizados, que alcanzaron hasta $128,000, no fueron suficientes para evitar el desalojo, y el valor de la casa se ha visto drásticamente reducido.
Los vecinos del afectado han expresado su apoyo y, como dirigencia local, han iniciado una investigación en el juzgado. Lourdes mencionó que, a través de un abogado, se han encontrado «vacíos» en el proceso judicial y en la defensa del hombre, así como en la actuación de su abogado anterior, Enrique Rodríguez Ledezma, quien, según denuncian, no proporcionó pruebas ni documentación adecuada. «Queremos que se investigue la actuación de la abogada y se haga justicia», agregó Lourdes.
El caso ha causado indignación entre los vecinos, quienes exigen una revisión del proceso judicial y la intervención de las autoridades competentes, incluidos el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, para asegurar que se respete los derechos del afectado.
