El sábado 1 de abril se emitió la primera sentencia ejecutoriada en contra de un biocida en Bolivia. La juez Livia Alarcón sentenció a tres años y seis meses de prisión en Palmasola al ciudadano Ronny Mendoza, por apedrear hasta morir al perro Toffi, en Santa Cruz. Sin embargo, existen más de un centenar de denuncias que no encuentran una vía judicial eficiente para brindar justicia a los animales.
Urgente.bo se comunicó con la activista Miriam León Téllez, parte de la fundación Defendiendo Animales Concientizando Humanos, DACH Bolivia, para determinar por qué en nuestro país, a pesar de la Ley 700 “para la defensa de los animales, contra la crueldad y el maltrato”, no se cuente con más de una condena por biocidio.
“Actualmente, debe haber cerca de cien casos que se han llevado adelante por biocidio, lamentablemente, solo uno ha sido sancionado”, de acuerdo a la activista, en muchos de estos casos no se castiga al agresor debido a que son adultos mayores o menores de edad.
Téllez afirma que un problema es que los animales no poseen jurisdicción propia, lo que impide que los casos reciban el correcto tratamiento legal y seguimiento en la vía judicial. “Hemos estado trabajando en la modificación y actualización de la Ley 700, pero, lamentablemente, llegamos a instancias como la cámara de Diputados, donde no se toma en cuenta ningún proyecto”.
La activista afirma que hay un total abandono a los animales por parte de las autoridades tanto del gobierno central como de los municipales y departamentales. “Este tema tan importante las autoridades no lo toman en cuenta, los animales están en último lugar, quizás después del último lugar”.
De igual manera, varios activistas han recibido amenazas en contra de su integridad y la de sus familiares lo cual ha impedido que muchas denuncias se concreten. Pide más atención a los animales y leyes mas duras para los agresores. || Urgente.bo