La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y Pro Derecho Humanos de Bolivia denunciaron que el gobernador Fernando Camacho y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, intentan imponer una “dictadura cívica” con el paro indefinido y amenazas de “muerte civil” a quienes se aparten de la línea política de censo en 2023.
El presidente de la APDHB, Édgar Salazar, movilizó a sus representaciones en particular en Santa Cruz, para constatar los graves atentados que sufrieron asentamientos de los pueblos ayoreo y guarayo en territorio cruceño.
“Los testimonios e información colectada de manera directa de las víctimas de grupos de choque, señalan que intentan imponer el paro y bloqueos por la fuerza y confirman que se practica una dictadura cívica contra el pueblo que quiere seguir trabajando”, denunció.
Por su parte, Pro Derechos Humanos Bolivia coincidió con su par de la Asamblea, al denunciar “la falta de vocación democrática por parte del Comité Interinstitucional de Santa Cruz que se muestra reticente a instaurar un diálogo y busca imponer mediante el abuso de poder y terror y la fuerza, las resoluciones de uno de los dos cabildos que se realizaron en la ciudad de Santa Cruz”.
En un recuento recordó que los grupo de choque provocaron la muerte de una persona en Puerto Quijarro, atacaron a un reportero de Gigavisión, incurrieron en insultos racistas y de odio a un grupo de pasajero que retornaban a La Paz desde Montero, agredieron a una comunidad en Pichincha, sobre la carretera Tarija – Santa Cruz – Puente Parapetí, y agredieron verbalmente a un grupo de mujeres en la Santos Dumont calificándolas de “prostitutas de Evo”.
Para las dos organizaciones civiles de derechos humanos, el gobernador y el presidente cívico vienen desplegando una estrategia de odio y racismo, acompañado de ataques físicos contra los que se oponen al paro indefinido.
En las últimas horas, el gobernador amenazó a los que no se sumen en su movimiento extremista, con la “muerte civil”.
Salazar afirmó que la amenaza de muerte civil viola todo derecho y garantías constitucionales. “Es como dar a los extremistas orden de cumplir con ejecuciones totalmente condenables”, advirtió.
Asimismo, el arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, censuró desde su homilía a las “dos personas” que actúan en perjuicio de varios millones de ciudadanos, no solamente de Santa Cruz, en directa alusión a Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo.
Tanto la Asamblea de Derechos Humanos como Pro Derechos Humanos exigieron al gobierno proteger a las poblaciones vulnerables de los ataques del movimiento cívico e instaurar procesos legales hasta sancionarlos penalmente. || ABI
