Los líderes políticos, asesores y otros que participaron y tomaron decisiónes en las reuniones en noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB), en las que también participaron la Iglesia y organismos internacionales y donde decidieron que Añez asuma el poder tras la crísis, están en la mira de la justicia.
El proceso por el Golpe de Estado I, por los delitos de terrorismo, sedición, y conspiración, entre otros, es impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.
Concluido el caso llamado Golpe de Estado II, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, que culminó con la sentencia de 10 años para la expresidenta Jeanine Áñez, el Ministerio Público reactivó el caso.
En estas diligencias de la Fiscalía, la pasada semana se constituyó en esta instancia Ricardo Paz, vocero de Comunidad Ciudadana (CC), en calidad de testigo, según la citación.
Para el viernes pasado, se convocó al empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, que se excusó para asistir debido a que aparentemente se encuentra en un tratamiento en Estados Unidos.
Continuando con esta ronda de declaraciones, para hoy está citado el diputado por CC Carlos Alarcón, también en calidad de testigo.
Camacho
En este caso, el ministro de Justicia, Iván Lima, en contacto con medios estatales, señaló que “el que debe ir a prestar su declaración es Luis Fernando Camacho, que tiene que informarle al país, al igual que su padre, cómo arreglaron la situación del país con militares y policías”.
Según Lima, la intención de Mesa y Camacho es crear “un manto de impunidad y buscan volver a que en 2019 hubo un fraude electoral y no así un golpe de Estado. Quieren manipular en términos mediáticos y jurídicos. ¿Por qué digo esto? Porque uno amenaza, increpa y señala que hay un fraude, tiene que presentar su denuncia, y Mesa no lo ha hecho”. Con Inf. de Los Tiempos.
