El Gobierno aseguró que los predios donde fue construido el edificio paceño, incendiado en pasados días, son del Estado y perfiló la construcción de un parque. La Alcaldía por su lado dijo que la edifición no cuenta con ninguna autorización.

El ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, descartó retractarse en sus declaraciones cuando dijo que los terrenos del nudo Vita fueron tomados de “manera ilegal” ya que pertenecían a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

“No nos vamos a retractar son bienes del pueblo paceño y todos nuestros papás y nuestros abuelos saben que esos bienes son del Estado boliviano y ahí está el puente de la riel, está el trillo en su lugar, entonces, por más presión que haya y por más que le haya viabilizado el señor exalcalde (Luis) Revilla nosotros no vamos a regalar bienes del pueblo paceño”, sostuvo Montaño.

Socios del Mall Gran Vía consideraron un “atentado a la propiedad privada” las declaraciones del ministro y aseguraron que los propietarios del edificio tienen la documentación legal del derecho propietario y de la construcción de la obra.

“Con presiones piensan que tal vez voy a firmar a favor predios del Estado boliviano, eso no va a suceder conmigo,  esos predios se tienen que respetar, es para el pueblo paceño y nosotros vamos a hacer un lindo parque que va a unir entre la ciudad de El Alto y La Paz”, sostuvo Montaño.

Edificio en la Vita no puede acogerse a la regularización porque está sobre terreno patrimonial

Mientras que la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, informó que el edificio construido sobre la calle Manco Kapac en el sector de la Vita no podrá acogerse a la Ley 467 de Regularización de Construcciones debido a que fue edificada sobre unas rieles de ferrocarril que son patrimoniales.

“El edificio nunca ha contado con permiso de construcción, el edificio ha sido fiscalizado en 11 oportunidades, las dos últimas fiscalizaciones en la gestión 2021 establecen el pago de multas. Este predio o esta edificación, por encontrarse en un lugar patrimonial, no va a poder nunca acogerse a la Ley 467 de Regularización”, dijo Rocabado entrevistado por la Agencia Municipal de Noticias (AMUN).

Según un recuento de la Subalcaldía Centro, desde el primer proceso de fiscalización ejecutado en 2016, hasta la fecha, el propietario del edificio debe pagar alrededor de dos millones de bolivianos de multa por incumplir los 11 procesos de fiscalización. Agencias