Luego de tres años de investigación en el caso Golpe de Estado I, la Fiscalía ha presentado este martes la acusación formal para llevar a juicio a Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, Luis Fernando López, Marco Pumari, tres exjefes militares y un excomandante de la Policía.
En este caso se investigó la presunta coordinación de Camacho con policías y militares, para derrocar a Evo Morales en 2019 y llevar a la asunción de Jeanine Añez.
El fiscal del caso, Omar Mejillones, informó que en total existen ocho personas acusadas, de las cuales cuatro están como autores y para quienes se pide 20 años de cárcel por el delito de terrorismo.
Los acusados en calidad de autores son Luis Fernando Camacho, Luis Fernando López, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el excomandante de la Policía, Yuri Calderón.
De estos cuatro, sólo el gobernador se encuentra en el país en calidad de detenido, mientras que los otros habrían salido de Bolivia y están declarados rebeldes.
Para el resto de los acusados, se pedirá una pena menor, tomando en cuenta que están en calidad de cómplices: Jeanine Añez, Marco Pumari, el exinspector de las Fuerzas Armadas, Jorge Fernández, y el excomandante militar Carlos Orellana.
De los cuatro acusados como cómplices, Añez y Pumari se encuentran detenidos en el país, mientras que los otros dos están declarados en rebeldía.
Otros seis imputados se declararon culpables anteriormente para someterse a juicio abreviado: Los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, además de los militares Jorge Terceros, Palmiro Jarjury, Pastor Mendieta y Flavio Arce.
En 2019, Camacho y Pumari eran dirigentes cívicos que encabezaron las protestas contra Evo Morales, acusándolo de haber cometido fraude electoral, mientras que Añez era segunda vicepresidenta del Senado que asumió la Presidencia del Estado, tras la renuncia de Evo Morales y las autoridades que le seguían en línea sucesoria.
Según la tesis de la Fiscalía, Camacho coordinó, a través de López, con los uniformados para derrocar a Morales, además de que realizó movimientos de dinero con esa finalidad.
Entre los indicios, el fiscal Mejillones explicó que desde octubre de 2019, Camacho tenía contacto con Kaliman mediante Luis Fernando López.
Además se constató que López se reunió con Kaliman el 10 de noviembre de 2019, antes de que las Fuerzas Armadas sugirieron la renuncia de Evo Morales.
Otro indicio es el video donde aparece Camacho afirmando que su padre había “cerrado” con policías y militares para los hechos de 2019.
133 pruebas documentales y 131 testimonios sustentan acusación contra Camacho
El Ministerio Público colectó 133 pruebas documentales y 131 pruebas testificales para sustentar la acusación formal por el caso Golpe de Estado I en contra de ocho personas, entre ellas Fernando Camacho, por los delitos de terrorismo, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos, entre otros, por los conflictos suscitados en octubre y noviembre de 2019, que derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del Gobierno de ese entonces.
Entre las 133 pruebas documentales se tienen informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios y respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales.
Durante el curso de las investigaciones se colectó un total de 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos del año 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos sucedieron a partir del 21 de octubre, cuando Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, expresidentes cívicos de Santa Cruz y Potosí, respectivamente, iniciaron los conflictos que derivaron en la quema de los Tribunales Electorales Departamentales en sus ciudades, argumentando un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales de ese año y con la agudización de los conflictos en las calles.
La Fiscalía señala que “se presume que promovieron la salida prematura del expresidente (Evo Morales), vicepresidente (Álvaro García Linera) y sus ministros. Asimismo, bajo la amenaza de dañar a sus familiares, fomentaron la renuncia de los expresidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de esa gestión”.
Tras varias reuniones entre actores políticos en una universidad de la ciudad de La Paz, se habría consolidado la intención de que la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, asuma, en primera instancia, la presidencia del Senado para luego asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a sabiendas de que la segunda vicepresidencia del Senado no se encuentra en la línea de sucesión a la presidencia del Estado, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, se lee en un reporte del Ministerio Público.
Con estos antecedentes y de acuerdo a las pruebas colectadas, Jeanine Áñez se habría reunido con Luis Fernando Camacho, en tres oportunidades, en el Hotel Casa Grande de la ciudad de La Paz, luego en la Academia Nacional de Policías, el 11 de noviembre de 2019, y posteriormente en Palacio Quemado, para distribuirse las instituciones estatales y, como parte del acuerdo, se designó a varios ministros, quienes fueron sugeridos por el entonces Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
Los procesados son Jeanine Áñez Chávez, Luis Fernando Camacho Vaca, Marco Antonio Pumari Arriaga, Luis Fernando López Julio, Williams Carlos Kalimán Romero, Vladimir Yuri Calderón Mariscal, Sergio Carlos Orellana Centellas y Jorge Elmer Fernández Toranzo, quienes habrían provocado conflictos sociales en Bolivia, que derivaron en la ruptura del orden constitucional para que la exsenadora Añez, asuma la presidencia del Estado en noviembre de 2019.
“La Fiscalía pedirá la pena máxima por el delito mayor que es Terrorismo, es decir 20 años de presidio”, informó el fiscal del caso, Omar Mejillones.
Fiscalía presenta acusación contra 8 acusados por caso Golpe I, pide 20 años de cárcel para Camacho
A un poco más de tres años de presentada la denuncia por el caso Golpe de Estado I, la Fiscalía presentó este martes la acusación formal en contra del excívico Luis Fernando Camacho, la expresidenta de facto Jeanine Áñez y otros seis acusados por los hechos de violencia que derivaron en la dimisión de Evo Morales en 2019. Para Camacho y otros tres acusados se pedirá la pena de 20 años de cárcel.
En la acusación formal también están el excívico de Potosí Marco Pumari, el exministro de Defensa Luis Fernando López, los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y de la Policía Yuri Calderón, además del exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández y del excomandante de la institución armada Carlos Orellana.
A fines de 2020 fue presentada la denuncia por la exdiputada del MAS Lidia Patty, a la que se sumó el Ministerio de Gobierno. La acusación formal abre paso al juicio penal por delitos, como terrorismo, que tiene una condena de 15 a 20 años de cárcel, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos.
El fiscal Omar Mejillones informó de la presentación de la acusación formal, luego de un largo proceso de investigación que acumuló pruebas sobre hechos como los movimientos bancarios de Camacho durante el conflicto de 2019 y la declaración del ayudante de Kaliman, quien reveló que el excomandante de las Fuerzas Armadas tuvo contactos con López.
El propio Camacho reveló en un video que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que quiten respaldo a Morales. De hecho, confesó que una vez sellado los arreglos decidió trasladarse desde Santa Cruz a La Paz para agravar la violencia y presión en el objetivo de lograr la dimisión de Morales, que, finalmente, se dio el 10 de noviembre de ese año.
Antes, los policías, encargados de la seguridad interna, se amotinaron y la cúpula militar le “sugirió” a Morales dejar el cargo.
Camacho se encuentra detenido preventivamente desde el 28 de diciembre de 2022 en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, por el caso Golpe de Estado I. López, Kaliman y Calderón están prófugos.
Áñez y Pumari también están con detención preventiva. La expresidenta de facto ya cuenta con una sentencia ejecutoriada de 10 años por el caso Golpe de Estado II o la forma cómo se hizo del poder, en sesiones del Senado y de la Asamblea Legislativa sin quórum y al margen de la línea de sucesión, según la investigación.
Durante las investigaciones fueron colectadas 131 declaraciones informativas entre testigos que participaron de reuniones y hechos durante los conflictos de 2019, además de las declaraciones informativas de los acusados. Asimismo, se tiene 133 pruebas documentales entre informes técnicos forenses, facturas de hoteles, extractos bancarios de transferencia de dineros, oficios, respuestas de instituciones del Estado a requerimientos fiscales, entre otras que sustentan la acusación formal.
|| Agencias.
