En una reciente conferencia de prensa, el Concejal Antonio Pino expresó su preocupación por presuntas irregularidades económicas que podrían estar afectando al municipio. Pino afirmó que se estima un daño económico de al menos cuatro millones de bolivianos, atribuyéndolo principalmente a la no aplicación de la ley 1391.
Durante sus declaraciones, el concejal mencionó que se calcula un perjuicio económico de 300,000 bolivianos solo por la no implementación de dicha ley, sin considerar posibles sobreprecios. Además, Pino señaló que han presentado pruebas, como facturas de la misma empresa vendidas a otros municipios y entidades públicas, para respaldar sus afirmaciones.
Pino anunció que la próxima semana remitirá los antecedentes relacionados con estas presuntas irregularidades al Ministerio Público y a la Contraloría. Hizo hincapié en que esta acción no se debe a presiones de ningún individuo o grupo, sino a su obligación de velar por la transparencia y legalidad en el manejo de los recursos municipales.
El concejal también mencionó al señor Jerez, sugiriendo que, a pesar de su comportamiento confrontativo en público, ha demostrado ser menos confrontativo en persona. Pino instó a la necesidad de un diálogo constructivo y recalcó que los desacuerdos requieren la participación de ambas partes.
La situación podría intensificarse, ya que Pino afirmó que remitirán los antecedentes antes de un próximo encuentro, indicando una posible escalada en la controversia. Estas declaraciones resaltan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito municipal, y plantean preguntas sobre la gestión de los recursos y la aplicación de leyes en el municipio en cuestión.
