Bajo custodia médica: Dra. Fanny Apaza asume el resguardo y traslado de la paciente oncológica desalojada en Sucre

Tras el violento operativo, la familia fue trasladada al domicilio particular de la profesional para garantizar su estabilidad y evitar su desintegración.

Sucre, 15 de enero (ANV).- En un acto de solidaridad en el caso de desalojo de la señora Erminia, vivido ayer en la capital, la Dra. Fanny Apaza, presidenta de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer,  propietaria de la Clínica Camino Real, confirmó que la paciente oncológica y sus padres adultos mayores se encuentran bajo su «resguardo absoluto». Tras ser retirados de su vivienda con uso de la fuerza, la familia ha sido trasladada al domicilio de la doctora para recibir la atención médica que el Estado les negó durante la intervención.

La decisión de la profesional surgió ante el riesgo inminente de que la familia quedara en situación de calle o fuera separada por las instituciones de asistencia pública. Para evitarlo, Apaza suscribió un acta formal de responsabilidad. «Ese acta se firmó con mi persona, donde yo me hago cargo de la familia en realidad. Lo que no queremos es que la familia se desintegre», explicó la médica, enfatizando que los afectados atraviesan cuadros severos de ansiedad y tristeza.

Asistencia integral en domicilio particular

La paciente principal, quien padece cáncer y fue desalojada mientras dependía de un tanque de oxígeno, ya se encuentra estabilizada bajo vigilancia profesional. El traslado no solo incluyó a la paciente, sino también a sus padres, una pareja de adultos mayores (ella no vidente), quienes pasaron la noche bajo el cuidado de la doctora tras haber sufrido agresiones y descompensaciones.

«Ayer una familia nos acogió a los papás, pero ya esta mañana están en mi domicilio también y, si es necesario, voy a internarlos en mi centro médico», aseguró la Dra. Apaza, garantizando que cuentan con todas las especialidades, incluyendo oncología, para su tratamiento.

Denuncian injusticia y convoca a vigilia 

A pesar de que la familia se encuentra ahora a buen recaudo, la situación legal permanece en una fase crítica. El traslado y resguardo brindado por la clínica Camino Real es una medida paliativa frente a lo que Apaza califica como una «inhumanidad» judicial.

  • Estado de salud: Actualmente se reportan como «estables», aunque bajo observación constante por las lesiones y el trauma psicológico sufridos.
  • Movilización: Para esta tarde se ha convocado a la ciudadanía a los juzgados para exigir que la justicia permita el retorno de la familia a su propiedad original.
  • Acción solidaria: La doctora exhortó a las autoridades a «ponerse la mano al pecho» y reconocer que los derechos de esta población vulnerable fueron vulnerados de manera desmedida.

«Gracias a Dios, están a buen resguardo bajo mi cuidado», concluyó la doctora, quien reiteró que no descansará hasta que se revise el proceder del juez y se garantice un entorno digno para la paciente y sus ancianos padres.

La Dra. Fanny Apaza denunció «brutalidad policial» y asumió el resguardo de la familia afectada tras el operativo.

El desapoderamiento de una vivienda, ejecutado ayer miércoles, terminó con el desalojo forzoso de una paciente con cáncer en estado crítico, quien, según testigos y personal médico, fue retirada del inmueble «prácticamente hasta con el tanque de oxígeno» que utilizaba para respirar.

La Dra. Fanny Apaza, presidenta de la Fundación de Lucha Contra el Cáncer y propietaria de la Clínica Camino Real, relató con indignación los momentos de tensión vividos durante la intervención. Apaza, quien realizaba el seguimiento médico de la familia, denunció que los efectivos policiales no mostraron ninguna consideración por la condición de extrema vulnerabilidad de los habitantes.

«La paciente fue desalojada prácticamente hasta con el tanque de oxígeno que yo le había dejado. Estaba con descompensación, ansiedad, pánico e hipertensión arterial», relató la doctora, calificando el hecho como un acto «totalmente inhumano».

Uso de la fuerza y agresiones al personal de salud La intervención no solo afectó a la paciente oncológica, sino también a sus padres, dos adultos mayores —uno de ellos no vidente—, quienes sufrieron las consecuencias del «uso exagerado y excesivo de la fuerza policial». Apaza denunció que incluso ella fue «gasificada» y amenazada con el arresto mientras intentaba proporcionar asistencia médica a los afectados en medio del caos.

En el operativo fueron detenidas tres personas, entre ellas un médico colega de la Dra. Apaza, quien presuntamente fue golpeado por los uniformados. «No han respetado absolutamente nada; ni al sector salud, ni al adulto mayor, ni a una paciente oncológica», sentenció la profesional, asegurando que existen registros audiovisuales de la «brutalidad» con la que actuaron las autoridades.

Campaña de Solidaridad: ¿Cómo ayudar?

Para evitar fraudes o susceptibilidades, se han establecido canales directos de transparencia:

  • Aportes Económicos: Se ha habilitado el código QR directo del hijo mayor de la familia (quien también resultó lesionado en la intervención). Esto garantiza que el dinero llegue íntegramente a los afectados para cubrir gastos legales y víveres.
  • Donaciones en Especie: La población está organizando la entrega de víveres y medicamentos. La Fundación también prevé habilitar una cuenta institucional para centralizar la ayuda de manera transparente si la demanda de apoyo crece.

El pedido de Justicia y Medidas de Presión

El caso ha pasado de ser un conflicto privado a un tema de interés público debido a las presuntas irregularidades judiciales:

  • Audiencia Crucial: Para hoy jueves, a las 16:00 horas, se tiene prevista una audiencia judicial donde se resolverá un incidente presentado para que la familia pueda retornar a su hogar.
  • Marcha Ciudadana: Se ha convocado a la población a concentrarse a las 15:30 horas en las puertas del juzgado. El objetivo es exigir que las autoridades judiciales actúen con «humanidad» y revisen el proceso, que según denuncias, fue impulsado de manera injusta contra personas humildes.
  • Exigencia a las Autoridades: El pedido de justicia se extiende a la Gobernación, la Alcaldía y asambleístas, a quienes se les cuestiona por permitir la «brutalidad» policial y el desprecio por los derechos de los adultos mayores y enfermos crónicos.

«No pedimos privilegios, solo pedimos que se cumpla la ley con rostro humano y que se sancione el abuso de poder cometido contra una mujer que lucha por su vida», enfatizó la Dra. Apaza.

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