La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) anunció este miércoles, en un comunicado, que iniciará auditorías a las gestiones de Amparo Carvajal, “para realizar las acciones judiciales y administrativas que correspondan”.
En el documento que llegó a la redacción de ABI, la entidad presidida por Edgar Salazar Limachi, señala que se recuperó el Número de Identificación Tributaria (NIT) de Impuestos Nacionales con el “fin de asumir la responsabilidad de preservar y administrar el patrimonio bajo su dominio, realizar el registro en Derechos Reales, no efectuado hasta ahora por la apócrifa (Carvajal) que sigue reclamando representación que no le corresponde”.
Recuerda que “Carvajal dejó de ser presidenta (de la APDHB) como efecto de la decisión del último Congreso” de la entidad “de diciembre 2021”.
“Actualmente, no tiene ninguna autoridad moral, ni material de representación de esta organización construida con sacrificio de las víctimas de las dictaduras”, destaca el escrito bajo el rótulo “A los defensores de los criminales de lesa humanidad del 2019”.
Además, pone en evidencia que “Carvajal nunca rindió cuentas económicas, menos de gestión, ni de actos realizados en defensa de las víctimas de las masacres de (Jeanine) Añez, ni tampoco de los inmuebles que le toco administrar”.
En el escrito, la APDHB señala que actuó de manera consecuente con sus principios de defender a la democracia, la pluralidad política y, sobre todo, los derechos fundamentales, civiles y políticos de las personas víctimas de toda expresión de abuso de poder, sea en dictaduras o autoritarismo civil.
“Las dos últimas actuaciones de la APDHB en favor de la democracia y la institucionalidad, fue la demanda de Acción de Cumplimiento presentada ante la Sala Constitucional Cuarta para la inmediata elección, designación y posesión de la Defensora o el Defensor del Pueblo, ante el incumplimiento de deberes y conducta renuente de los asambleístas de llegar a acuerdo, despojados de todo interés partidario, para alcanzar los 2/3 de votación, hasta hoy incumplida”, apunta.
Asimismo, refiere, “se apersonó como tercer interesado ante la Sala Constitucional Segunda para impedir que los violadores de los derechos humanos de la ruptura del orden constitucional del 2019 (masacre de Sacaba, Senkata, Pedregal y Huayllani, además de torturas y detenciones ilegales), salgan impunes de sus delitos”.
Sin embargo, denuncia que en “esa Sala Constitucional, el abogado Jorge Valda, defensor del cuestionado y violento Comité Pro Santa Cruz, de la presidenta de facto Jeanine Añez e imputado por diez años por ganancias ilícitas, presentó Acción Popular en defensa de presuntos derechos e intereses colectivos, que serían, según él, las libertades de los que actualmente están siendo juzgados por una serie de delitos de lesa humanidad, daño económico al Estado y atentados a los recursos naturales, cometidos durante la ruptura del orden constitucional y el gobierno de facto de Añez y sus ministros, además de jefes militares y policiales”.
“Si bien hasta los delincuentes tienen derecho a la defensa, Valda actúa nada menos como ‘asesor’ de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, nombrado como tal por la deslegitimada Amparo Carvajal; quién a su vez, figura como testigo principal de la demanda del abogado”, alerta la APDH.
Agrega, además, que “Carvajal y sus cómplices, como Carlos de Mesa, Waldo Albarracín, Manuel Morales, y otros, antes, durante y después de la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, nunca defendieron ningún derecho humano afectado por los grupos de paramilitares movilizados en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y La Paz”. ABI
