Sucre, 10 de septiembre (ANV).- La activista Juana Maturano denunció que el caso de la joven Saleth Francy Delgadillo, de 18 años, hallada sin vida hace dos años en su domicilio en la comunidad de Llinfi, cercana a Sucre, fue tratado con “negligencia e indiferencia por parte del Ministerio Público”.

Según relató, Delgadillo era una muchacha líder y decidida, que se preparaba para ingresar a la Fuerza Aérea. Antes de su muerte había denunciado amenazas vinculadas a un proceso de asistencia familiar contra su padre y también un caso de agresión sexual contra su hermana menor. Sin embargo, “no recibió la protección que debería tener una denunciante”.

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Maturano cuestionó que el día del hallazgo del cuerpo, “no se realizó el levantamiento legal ni la autopsia correspondiente”, lo que llevó a que el caso fuera catalogado como un suicidio y posteriormente archivado. La madre de la víctima, quien nunca dejó de insistir, interpuso acciones legales hasta lograr un amparo constitucional que ordenó reabrir la investigación.

“Exigimos a las instancias competentes que hagan su trabajo, cumplan su rol y no vulneren más derechos a las víctimas”, señaló Maturano, al advertir que la violencia institucional también revictimiza a las familias que buscan justicia.

El fallo judicial estableció que se vulneraron los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia. En ese marco, los familiares de Saleth pidieron una investigación “prolija e integral” que identifique y procese a los responsables, evitando que el caso vuelva a cerrarse por falta de actuación fiscal.

Reabren caso tras fallo constitucional

La abogada Juana Maturano informó que, luego de dos años de insistencia, un amparo constitucional permitió reabrir el caso de la joven Delgadillo.

El recurso constitucional, según explicó, determinó que se vulneraron derechos fundamentales como el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. En ese marco, la defensa de la madre de la joven exige que la investigación se realice “de manera prolija, integral” y sin descartar pruebas o testimonios.

“Basta de la violencia institucional”, manifestó Maturano, al cuestionar la “negligencia que lamentablemente no coadyuva ni esclarece muchos casos como estos, que parecieran más bien encubrir o proteger a los agresores”.

La abogada reiteró que la familia tiene una hipótesis sobre los presuntos autores, quienes ya fueron denunciados, aunque el proceso no avanzó más allá de la etapa preliminar. “El principal sindicado ni siquiera ha sido citado a declarar”, indicó.

El fallo constitucional obliga ahora al Ministerio Público a retomar la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven y garantizar justicia para la familia.

Madre de víctima denuncia irregularidades en investigación

La madre de Saleth, denunció públicamente presuntas irregularidades en la investigación del feminicidio de su hija años. Durante su declaración, aseguró que las autoridades no realizaron una investigación adecuada y que varias pruebas habrían sido ignoradas o alteradas.

“No han allanado su casa (del sospechoso) la fiscalía ha dicho que no vive ahí, vive ahí. Aquí están las ropas del señor, aquí están los celulares, todo eso que utiliza”, manifestó, señalando que en un allanamiento se encontraron pertenencias del principal sindicado.

La denunciante también mostró objetos que identificó como de su hija y sostuvo que “la fiscalía y la policía no han hecho nada” para esclarecer el caso. Según explicó, entre los hallazgos había prendas de vestir, cabellos y fotografías que, a su criterio, no fueron debidamente analizados.

La madre acusó a siete personas de haber participado en la muerte de su hija y afirmó que existió encubrimiento por parte de algunos efectivos policiales. “Todo el tiempo he sido obstruida, todo el tiempo he tenido que objetar”, declaró.

Asimismo, cuestionó los informes forenses realizados, asegurando que “hasta una necropsia han falsificado”. En ese sentido, pidió el apoyo de especialistas independientes para efectuar una nueva pericia y reclamó que “se valore toda la evidencia”.

La denunciante solicitó que la Fiscalía actúe de oficio y que la investigación sea trasladada a La Paz para revisar las pruebas recopiladas. “Yo pido a la fiscalía, al ministro de Justicia que me ayuden. Son dos años enteros de luchar”, expresó.

Finalmente, afirmó que continuará con las acciones legales y exhortó a que se garantice transparencia en el proceso judicial.