Sucre, 15 de enero (ANV).- El polémico desalojo de la señora Erminia, paciente oncológica, y su familia en la capital del Estado, suma nuevas denuncias de ilegalidad. El abogado y activista Jamil Pillco reveló que la intervención policial de ayer se ejecutó fuera de los márgenes legales, calificando el acto como un «allanamiento de morada», debido a que la fuerza pública irrumpió en el domicilio a las 14:21, casi cuarenta minutos antes de la hora fijada por la orden judicial.
Pillco informó que el caso dio un giro jurídico determinante el pasado lunes, cuando se logró el reconocimiento legal de la unión libre entre la afectada y su expareja. Este fallo judicial confirma que el lote en disputa es un «bien ganancial», por lo que la mitad de la propiedad pertenece legítimamente a la señora Erminia, invalidando el proceso de remate ejecutado. «El juez ya no tiene donde poder decir que no; se debe anular hasta el último vicio», aseveró el jurista.
Abuso policial y detenciones arbitrarias
La defensa técnica denunció que el operativo estuvo marcado por la violencia y la falta de protocolos mínimos de derechos humanos. Según el reporte, se utilizó «de manera excesiva la fuerza policial» contra personas vulnerables. Una paciente oncológica que apoyaba a la familia sufrió una convulsión tras ser empujada por efectivos, mientras que el padre de la afectada, una persona invidente, terminó con «hipoxia porque llegó a aspirar gas» lacrimógeno.
Respecto a los detenidos, Pillco lamentó la situación de un médico voluntario, de iniciales J.S., quien permanece aprehendido tras auxiliar a los heridos.
«El médico tiene 12 días de impedimento porque lo han golpeado dentro de la patrulla, mientras que el policía al que supuestamente agredió no tiene ni un solo día de impedimento», explicó el abogado tras revisar los certificados forenses.
Acciones legales contra autoridades
El equipo jurídico, que trabaja de manera solidaria, anunció que iniciará procesos contra el juez Freddy Panoso y la oficial de diligencias Carolina Urquizu por las irregularidades en el cuaderno procesal y el incumplimiento de plazos. Además, Pillco señaló que sospechan de una «simulación de deuda» fraguada por la expareja de la afectada para viabilizar el desapoderamiento.
Para las 18:00 de hoy se tiene prevista la resolución de una acción de libertad en el Tribunal Departamental, medida con la que se busca frenar el atropello judicial. La defensa cuenta con el respaldo de activistas, instituciones de Derechos Humanos y personal de la magistratura que se ha sumado de forma anónima ante lo que consideran un «uso de la fuerza totalmente evidente e inhumano».
