Sucre, 8 de octubre de 2025 (ANV).— El Consejo de la Magistratura, en el ejercicio de su función de control y fiscalización, ha iniciado una investigación formal sobre el tribunal que dictó sentencia en el Caso Terán. El Presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, anunció que se han obtenido «los primeros hallazgos» que revelan una posible falla procesal grave que permitió a la condenada salir de prisión anticipadamente.
La investigación se centra en la actuación del Tribunal de Sentencia de Santa Cruz, que habría dictado una pena de 15 años de cárcel por un hecho de narcotráfico contra la señora Terán, quien se encontraba en el centro de rehabilitación de Palma Sola.
El Hecho Cuestionado: Cesación con Sentencia Condenatoria
El Consejo de la Magistratura detalló el hecho procesal que está bajo análisis: el mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria de 15 años posteriormente «habría resuelto concederle una cesación a su detención preventiva».
«Es decir, que estando sentenciada le dio una libertad anticipada», explicó Baptista Espinoza.
Según la información, la sentencia no quedó ejecutoriada de inmediato debido a una apelación en Cochabamba, pero después de cuatro años la condena fue ratificada. El nuevo caso de narcotráfico en el que fue encontrada la señora Terán «ha desnudado esta falla procesal y tal vez algún hecho ilícito cometido por los jueces de Cochabamba».
El Consejo de la Magistratura cuestiona los argumentos que se habrían plasmado en el acta de cesación, pues el tribunal debió haber analizado la situación jurídica en la que la persona ya se encontraba «sentenciada y no detenida preventiva».
Proceso de Investigación y Posibles Consecuencias
El Presidente del Consejo informó que los asesores de la institución están analizando los hallazgos para formalizar el proceso. De confirmarse los indicios, se procederá de dos maneras:
- Vía Disciplinaria: Las faltas disciplinarias pasarán a un juez disciplinario, donde se podría determinar una responsabilidad disciplinaria que podría implicar una destitución por falta gravísima. El proceso sumario administrativo no tiene un plazo fijo, sino que depende del juez disciplinario.
- Vía Penal: De existir un «inicio de responsabilidad penal», se presentará una denuncia por presunto prevaricato ante el Ministerio Público, el cual tendría un plazo de seis meses para investigar.
Baptista Espinoza concluyó informando que en los próximos días la investigación será formalizada y oficializada.
