Sucre, 8 de octubre de 2025 (ANV).— El Presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, hizo pública la posición de su institución, manifestando un «respaldo absoluto» a las declaraciones del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, sobre la situación de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Baptista Espinoza aclaró que esta es una «posición institucional» y no personal, que se fundamenta en el «respeto a los derechos fundamentales y a la institucionalidad democrática en nuestro país». El presidente del Consejo enfatizó que solo están «exigiendo el cumplimiento de la norma y de la ley».
Negativa de Conflicto y Unidad Judicial
El presidente del Consejo de la Magistratura rechazó cualquier especulación sobre conflictos internos entre las principales entidades judiciales. «Quiero desechar cualquier comentario que se refiera a que estén peleadas instituciones tan importantes como el Tribunal Supremo, el Consejo de la Magistratura o el Tribunal Agroambiental con una institución tan importante y elemental para la democracia boliviana como es el Tribunal Constitucional», afirmó.
Según Baptista Espinoza, el Órgano Judicial con todas sus instituciones «se encuentra totalmente unido y está razonando en favor de todos los bolivianos». El problema, según su interpretación, radica en que algunos magistrados del TCP «han cumplido ya su mandato constitucional una vez concluida la el año 2023».
Proceso Legal y Garantía de Independencia Judicial
El titular del Consejo de la Magistratura advirtió que si los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional no renuncian, se permitirá que «se continúe con un debido proceso como ya ha iniciado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia a través del Ministerio Público».
Baptista Espinoza concluyó reafirmando que el Consejo no interferirá en la decisión de los jueces, pero será «cautelosos de que se lleve a cabo un proceso diligente sin intromisión alguna» y resguardará al juez que asuma la causa. «Con esto recobramos la independencia judicial, la seguridad que requiere la población en sus administradores de justicia», finalizó.
