En una conferencia de prensa realizada este martes, representantes de la Provincia Oropeza anunciaron una serie de medidas ante la preocupante situación ambiental, económica y política que afecta a la región. Entre las principales resoluciones adoptadas se encuentran la exigencia de soluciones inmediatas al desabastecimiento de diésel, el llamado a la unidad de las autoridades nacionales y el rechazo categórico a la actividad minera en el Río Chico.
Los representantes denunciaron la presencia de mineros provenientes de otros municipios, como San Lucas y Poroma, quienes buscan activar licencias ambientales para explotar la región. «Provincia Oropeza siempre va a defender el derecho a la vida, no al derecho económico», afirmaron, subrayando los riesgos ambientales que esta actividad implica. Asimismo, convocaron a una marcha multitudinaria para el día miércoles, instando a la población de Sucre a sumarse en defensa del ecosistema.
Otro de los puntos abordados fue el desabastecimiento de diésel en el departamento. «Hemos determinado exigir una pronta solución a nuestro gobierno y al ministro de Hidrocarburos. De lo contrario, la Provincia Oropeza se movilizará constantemente», advirtieron. Asimismo, los dirigentes criticaron la falta de gestión de diputados y senadores, acusándolos de priorizar disputas políticas en lugar de atender las necesidades de la población. «Fueron elegidos para sacar adelante al país, pero lo único que hemos visto es pelea tras pelea, sin resultados», señalaron.
Los representantes también exigieron que los concejales y asambleístas del municipio de Sucre reduzcan sus salarios, argumentando que no están cumpliendo con sus funciones. «Si no trabajan para el pueblo, que rebajen sus sueldos. No podemos seguir pagando salarios elevados a funcionarios sin experiencia ni capacidad», enfatizaron. La medida también fue extendida a servidores públicos que perciben salarios superiores a diez mil bolivianos.
La conferencia también abordó las recientes afectaciones provocadas por el desbordamiento del Río Chico, que dejó huertas y sembradíos destruidos, afectando a decenas de familias. «Nuestros diputados y senadores no se han movilizado ni pronunciado ante estos desastres. No podemos seguir tolerando su indiferencia», denunciaron.
Ante la creciente crisis, los representantes de Oropeza anunciaron la coordinación de acciones conjuntas con organizaciones sociales, juveniles y gremiales para paralizar el municipio de Sucre en rechazo a la actividad minera. «No vamos a permitir que intereses económicos atenten contra nuestro territorio y nuestro derecho a un ambiente sano», afirmaron. Finalmente, enfatizaron que, tras la marcha del miércoles, se evaluarán nuevas medidas de presión para garantizar que se respeten las decisiones del pueblo y las determinaciones del gobierno departamental.
