Sucre, 18 de diciembre (ANV).- El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, defendió la decisión del gobierno del presidente Rodrigo Paz de eliminar completamente el subsidio a los combustibles, una medida que contradice la promesa electoral de mantenerlo para el transporte público, argumentando que el sistema anterior era «insostenible» debido a altos niveles de corrupción. Espinoza afirmó que la postura de campaña siempre fue clara en señalar la inviabilidad de los subsidios a la oferta y que ahora se transita a un sistema de protección a la demanda, con el incremento de bonos sociales.
Durante el debate presidencial de segunda vuelta del 15 de octubre, Rodrigo Paz se comprometió públicamente a mantener el subsidio para el transporte público y cadenas esenciales, mientras lo eliminaría para sectores con capacidad de pago. «Se mantiene (para) el transporte público y cadenas esenciales», afirmó el entonces candidato. Sin embargo, el decreto anunciado la noche del 18 de diciembre eliminó el beneficio de manera general, generando un incremento inmediato en los precios del transporte y otros productos básicos.
Frente a esta aparente contradicción, el ministro Espinoza cuestionó la interpretación de la promesa. Sostuvo que la postura del gobierno siempre fue clara respecto a la insostenibilidad del modelo de subsidios y que la transición hacia precios únicos es una consecuencia de la imposibilidad de controlar la corrupción en el sistema anterior. «Mantener los precios diferenciados, lo único que hace es alargar la agonía y generar problemas», afirmó el titular de Economía.
Espinoza reveló que, a los pocos días de asumir el gobierno, se descubrieron cisternas «fantasmas» que cargaban combustible en la planta de Senkata sin ningún registro, evidencia de una colusión corrupta que involucraba a varios organismos de control. Este hallazgo, según el ministro, confirmó que era imposible sostener un esquema de precios diferenciados.
Como compensación, el gobierno anunció una red de protección social que incluye el incremento de la Renta Dignidad de 350 a 500 bolivianos, el aumento del Bono Juancito Pinto y la creación de un sistema especial para personas vulnerables. Espinoza enfatizó que estas transferencias, sumadas al alza del salario mínimo, constituyen el nuevo mecanismo de apoyo a la demanda para que la población enfrente el ajuste de precios.
La medida ha generado un fuerte impacto inflacionario y críticas por el incumplimiento de una promesa de campaña específica. Mientras el gobierno insiste en que la corrupción heredada justifica el cambio radical de política, la oposición y sectores sociales señalan la contradicción y advierten sobre el grave efecto en el costo de vida de las familias bolivianas.
