Sucre, 21 de noviembre (ANV).- Roger Carvajal, representante del Sindicato de Micros San Cristóbal, respondió a las declaraciones del presidente de FEJUVE anunciando el repliegue de sus unidades en todas las rutas ampliadas desde 2015 dentro de 72 horas, durante una conferencia de prensa donde cuestionó la actitud confrontacional de su presidente Juan Carlos Miranda y defendió los acuerdos vecinales sobre tarifas como alternativa ante el alza generalizada de precios.
El dirigente transportista afirmó que «(Miranda) está tratando de confrontar entre el transporte y la población», rechazando lo que calificó como un intento de generar conflicto social. Carvajal aseguró que mantendrán abiertas las puertas del sindicato pese a las amenazas de cierre, destacando que es una organización privada que siempre ha recibido a los vecinos.
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En su réplica, el representante de San Cristóbal cuestionó: «¿Por qué no ha ido a cerrar derechos reales cuando ha aumentado su arancel?» en referencia a otros servicios y productos que han incrementado sus precios. Mostró ejemplos como el pan que pasó de 50 centavos a un boliviano y el cambio de aceite que aumentó de 310 a 510 bolivianos.
Carvajal confirmó el respaldo de otros sindicatos de la Federación de Transportistas y anunció que analizarán el repliegue de «aquellas alargues ampliaciones que se ha dado a partir de 2015 a la fecha». El dirigente atribuyó el conflicto a que el «único delito que ha cometido el transportista es ir y sentarse al lado del vecino y escuchar sus sugerencias».
El sindicato mantuvo su posición de que cualquier solución tarifaria debe involucrar a la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal, pero señaló que la FEJUVE estaría generando un «taponamiento» en el proceso de socialización. Carvajal recordó que el debate tarifario se arrastra desde noviembre de 2024 sin avances concretos.
La medida afectaría principalmente a zonas periurbanas que han crecido en la última década, donde el servicio de transporte se ha expandido mediante ampliaciones de ruta. El anuncio representa la escalada máxima en el conflicto entre transportistas y organizaciones vecinales sobre la actualización de tarifas en la capital.
