Sucre 23 de julio (ANV).-Rodrigo Echalar, representante del magisterio, informó que las recientes protestas del sector docente responden a una creciente preocupación por el rumbo que, según advierten, estarían tomando los partidos políticos en el país. Entre las principales denuncias se encuentran la posible privatización del sistema educativo, el uso de exámenes de ascenso como mecanismos de exclusión y la criminalización de los docentes a través de normativas cuestionadas.
“Estamos muy preocupados por varios temas que están ocurriendo en nuestro sector. Lamentablemente, todos los candidatos están preparando un ajuste contra las masas, un ajuste contra los trabajadores”, afirmó Echalar, al referirse al contexto político nacional.
El dirigente señaló que se estaría discutiendo la transferencia de competencias educativas del nivel central a municipios y gobernaciones, entidades que considera “insolventes” por los recortes presupuestarios y los problemas de gestión. “Eso finalmente lo van a cargar al bolsillo del estudiante, del padre de familia, a las espaldas del magisterio”, advirtió.
Frente a esta situación, sostuvo que el magisterio mantendrá su defensa de la educación fiscal y gratuita. “No vamos a permitir que se privatice la educación”, remarcó.
En relación al examen de ascenso docente, Echalar cuestionó su utilidad y transparencia. “El gobierno no hace esta evaluación con vistas a medir la calidad educativa. Lo único que hace es poner una evaluación como obstáculo para que el magisterio acceda a su categoría y al bono de antigüedad”, denunció. Según explicó, este bono corresponde a la experiencia laboral acumulada por los docentes, al igual que ocurre con otros trabajadores del país.
También alertó sobre presuntas irregularidades en el proceso de evaluación. “Se han filtrado incluso los exámenes y la gente del gobierno ya tenía las respuestas”, indicó, mencionando que existen audios circulando en redes sociales que refuerzan esta acusación. “Ese examen no mide la capacidad del magisterio, solamente está orientado a ahorrar plata por parte del gobierno”, sentenció.
Por otro lado, el dirigente denunció lo que calificó como una “criminalización” de la labor docente. “El gobierno sigue haciendo procesos a diestra y siniestra a los maestros, amparado en decretos que pisotean el debido proceso y la presunción de inocencia”, afirmó en referencia a los decretos 1302 y 1320, cuya abrogación demanda el sector.
Finalmente, anunció que el magisterio continuará movilizado tras el retorno de las actividades escolares. “Vamos a presionar para que se realicen las movilizaciones correspondientes. Exigimos la abrogación de estos decretos y el reconocimiento del ascenso automático, como está estipulado en nuestras normas”, concluyó Echalar.
