Integrantes de la parapolicial Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y dirigentes cívicos figuran entre los autores materiales e intelectuales de los hechos de violencia ocurridos durante los 36 días de paro en Santa Cruz, según el relevamiento de datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
El presidente de la APDHB, Édgar Salazar, indicó que aún se trabaja en la sistematización de la información y el reporte oficial tiene un avance del 80%, que se presentará en los próximos días.
Sin embargo, adelantó que se identificaron una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la seguridad, libertad de tránsito, expresión, a no ser discriminado, a la alimentación, de reunión, asociación y sindicalización.
“Un sinfín de derechos que han sido vulnerados en el paro y van a estar contemplados en este informe (…). En principio hemos hecho el relevamiento de la información, estuvimos en la ciudad de Santa Cruz, hemos visto en carne propia la manera en que se han atropellado los derechos”, afirmó Salazar.
Indicó que entre los principales denunciados están los integrantes de la UJC, que responden a la dirigencia cívica, entre otros actores que promovieron la medida y los enfrentamientos, lo cual fue reflejado por los medios de comunicación.
“Sobre esa organización paraestatal, hay informes internacionales que conminan al Estado boliviano a desarticular esos grupos, en ese mismo sentido la APDHB está contemplando en el informe el accionar violento de la UJC contra las personas que pedían volver a trabajar y sobre todo el Plan Tres Mil”, agregó el representante de Derechos Humanos.
Salazar indicó que el informe de la APDHB contribuirá al Ministerio Público y a la justicia boliviana para esclarecer las investigaciones en curso, y será de gran importancia para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgue a las autoridades del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, pues se trabaja una demanda penal ante esa instancia.
“Si la justicia boliviana deja en completa impunidad todas las muertes, las humillaciones, a los indígenas y heridos, para eso estará la justicia internacional, la CIDH tiene que juzgar tarde o temprano a las autoridades del Comité Interinstitucional”, enfatizó Salazar.
Agregó que el Comité Interinstitucional también prepara un “informe paralelo” con el fin de evitar los hechos de violencia sean investigados, incluso se pretende caracterizar el paro indefinido como “pacífico”, en el que no existió ningún tipo de violencia.
“Todos hemos sido testigos de las cuatro muertes, una violación grupal y los heridos, el terrorismo ejercido por la UJC, médicos golpeados e instituciones sindicales quemadas y eso no puede quedar en la impunidad”, remarcó Salazar. || AEP
