Desde el 1 de enero hasta el 28 de julio, en el país se registró 766 casos de trata y tráfico de personas y delitos conexos, cifra que supera a la de 2022 cuando se presentaron 522 casos, en el mismo periodo, es decir, que existe un incremento de 196 hechos.

“Ante el incremento de casos, es necesario redoblar esfuerzos y poder seguir trabajando para buscar la verdad histórica de los hechos, así también dar una protección integral a las víctimas. Responder como Estado ante los organismos internacionales, que estamos en la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas como de los Delitos Conexos, a través de la coordinación, articulación y análisis que realizan los Fiscales Especializados”, informó la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres.

Según la Fiscalía, en 2022 recibió 522 denuncias de trata de personas, de los cuales 238 es por corrupción a niños, niñas y adolescentes, 186 de sustracción de menor incapaz y 108 de pornografía, entre otros casos.

En 2013, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) decretó el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con la intención de concienciar a las personas y, sobre todo, a los gobiernos, acerca de la grave problemática de la expansión de este delito a nivel mundial.

En ese sentido, Cáceres dijo que la mayor cantidad de casos está en el departamento de La Paz con 405 casos, seguido de Santa Cruz 119, Cochabamba 105, Tarija 60, Oruro 31, Beni 22, Chuquisaca 13, Potosí 9 y Pando 2.

A la vez, señaló que los delitos más recurrentes que ingresan a la Fiscalía Especializada son por trata de personas con 421 casos, pornografía 108, oroxenetismo 24, tráfico de personas 12, violencia sexual comercial 4 y pornografía y espectáculos obscenos con niñas, niños y adolescentes 1.

En junio, el reporte elaborado por el Departamento de Estado, de Estados Unidos, afirmó que los casos de trata y tráfico de personas están en ascenso. Además, identificó que el Estado boliviano y sus autoridades no están cumpliendo completamente con las normas que combaten ese ilícito, por lo que bajó al país a la “lista de vigilancia de nivel 2”.

“El Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Los funcionarios no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado a los traficantes y no informaron haber identificado o referido a las víctimas para que reciban atención. Por lo tanto, Bolivia fue degradada a la Lista de Vigilancia de Nivel 2”, señala ese informe.

Desde el 2000 el Gobierno norteamericano realiza un monitoreo de esos casos en los países a nivel mundial y los clasifica de acuerdo al trabajo que realizan en contra de ese ilícito.