El gobernador de Tarija, Oscar Montes, y el alcalde de Cercado, Johnny Torres, coincidieron, por separado, en rechazar un referendo revocatorio de mandato del presidente Luis Arce, como pretende el Comité Pro Santa Cruz en respuesta a la decisión del Gobierno de rechazar una amnistía para procesados como el gobernador Luis Fernando Camacho.

Montes, opositor al Gobierno, aseguró que hay temas más importantes que abordar en este momento, como la reforma judicial.

“Me parece una torpeza (el revocatorio), yo no creo que esa sea la forma de responder a una persecución política, es decir, si les criticamos a ellos, al Gobierno, que actúa de mala manera, y nosotros queremos hacer lo mismo, me parece que no corresponde, yo no hubiera sugerido aquello, me parece que es oportuna la iniciativa que tuvo un grupo de juristas para buscar una reforma en la justicia”, explicó el gobernador en coincidencia con otros actores políticos de oposición.

Mientras que Torres aseguró: “Yo no estoy de acuerdo en plantearle un revocatorio al señor presidente”.

“Yo no creo que (el revocatorio) sea el camino, porque, sencillamente, lo único que van a hacer es generar una coraza de defensa, que no está bien, el Gobierno que gobierne, que termine su gestión”, insistió el alcalde.

Al igual que ambas autoridades, el 23 de febrero, el alcalde de La Paz, Iván Arias, expresó su rechazo a la iniciativa promovida por cívicos cruceños, en procura de presionar al Gobierno para lograr la libertad de Camacho, encarcelado desde el 30 de diciembre en Chonchocoro de La Paz por el caso Golpe de Estado I de 2019.

El rechazo va creciendo en sectores de oposición, pero el nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, anunció, el fin de semana, que para concretar el revocatorio, aprobado en el cabildo cruceño del 25 de enero, se gestionará una reunión del movimiento cívico nacional y de sus aliados.

Manuel Morales, representante del autodenominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), también ve inviable la propuesta, aunque planteó que en la cita de cívicos se trate si “es viable o no” realizarlo.

En opinión de Morales, lo importantes es formar “un bloque de unidad” de la oposición de cara a las elecciones de 2025. Similar llamado de “unidad” hizo el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, quien calificó de “error político garrafal” la propuesta de los cívicos cruceños.

La revocatoria de mandato, es el mecanismo constitucional a través del cual la ciudadanía, mediante sufragio, decide la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto. Se activa, únicamente, por iniciativa popular y en una sola ocasión durante la gestión de la autoridad sujeta a revocatoria.

Este proceso puede ser solicitado por los promotores interesados, cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato de la autoridad electa y no tendrá lugar durante el último año de la gestión en ejercicio del cargo.

Arce fue elegido en las elecciones de octubre de 2020 con 3.394.052 votos (55,11%), por un periodo de cinco años. Asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2020. La mitad de su mandato se cumple en mayo de este año.

Según normativa, una vez que haya trascurrido la mitad del mandato de la autoridad electa, los promotores deberán proceder a recabar firmas y huellas dactilares de adherentes en un plazo máximo de 90 días, desde la habilitación por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Para concretar la convocatoria a referendo de revocatoria de autoridad nacional, se deberá registrar por lo menos el 25% de firmas y huellas dactilares, incluyendo al menos el 20% del padrón de cada departamento o provincia correspondiente.

El proceso de verificación de firmas y huellas dactilares por parte del Tribunal Electoral competente se efectuará en un plazo máximo de 60 días de recibida la iniciativa popular, en caso de incumplir con el porcentaje de adhesión establecido en la norma, se rechazará la iniciativa y se devolverá los antecedentes a quienes la promovieron.

La convocatoria a referendo debe realizarse mediante ley, que tiene que ser sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tras ello, el TSE fijará un calendario electoral único para la realización simultánea y concurrente de las revocatorias de mandato de alcance nacional, departamental, regional y municipal que hayan cumplido con los requisitos establecidos.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el Gobierno nacional no tiene “ningún miedo de ir a un revocatorio”. “Si ese (es) el caso, estaremos, así como recuperamos nuestra democracia con la unidad, la lucha y consciencia del pueblo. Nosotros seguiremos avanzando en unidad con el pueblo y trabajando al servicio del pueblo”, enfatizó el 24 de febrero.

Desde el MAS, que controla el Legislativo, se descartó viabilizar la ley de revocatoria, de darse el caso. || ABI