Sucre, 27 de agosto (ANV).-El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, manifestó su preocupación por la decisión judicial que anuló los procesos en el caso denominado “golpe de Estado”, calificando el hecho como un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas de los conflictos de 2019.
“Expresamos nuestra preocupación, al igual que los familiares de las víctimas de Senkata y Sacaba, con la determinación asumida de anular todo el proceso en el caso golpe de Estado”, afirmó Salazar.
Según indicó, la decisión judicial genera la percepción de que se presenta a la expresidenta Jeanine Áñez como víctima, dejando de lado las responsabilidades sobre los hechos registrados durante la crisis política. “Ella coordinó en su debida oportunidad a los militares que utilizaran armas en contra de nuestros hermanos de Senkata y Sacaba en 2019”, agregó.
Salazar señaló que la APDHB considera inviable que se autorice un juicio de responsabilidades en la actual y futura Asamblea Legislativa Plurinacional. “Es inviable que se pueda aprobar un juicio de responsabilidades porque los partidos de oposición ya anticiparon su negativa”, sostuvo.
Frente a este escenario, anunció que acudirán a instancias internacionales. “Vamos a agotar los mecanismos nacionales para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional, en vista de que el informe del GIEI establece que en 2019 se vulneraron flagrantemente los derechos humanos, existieron masacres, ejecuciones extrajudiciales y delitos de lesa humanidad”, afirmó.
En relación con la modificación de la detención preventiva de los acusados, explicó que Luis Fernando Camacho pasó a detención domiciliaria con derecho al trabajo, mientras que Marco Pumari obtuvo libertad irrestricta. “Hay que dejar claro que no han sido absueltos, siguen asistiendo a audiencias y será la justicia la que determine una sentencia absolutoria o condenatoria”, precisó.
Por otro lado, Salazar cuestionó el trato preferente hacia estos casos, en comparación con otros privados de libertad. “Existen alrededor de 33 mil personas en situación similar y vamos a exigir igualdad de trato”, señaló.
Finalmente, indicó que esperan reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su próxima visita al país. “Vamos a expresar nuestro descontento con la manera en que ha operado la justicia boliviana”, concluyó.
