En una declaración pública, una ciudadana boliviana denunció «irregularidades y omisiones» en el proceso de separación de bienes con su esposo, Juan Adolfo Martínez, tras más de cuarenta años de matrimonio. La afectada se presentó ante la opinión pública y las autoridades judiciales para exigir que «se tomen en cuenta todos los bienes y beneficios» adquiridos durante la convivencia.
Según la denunciante, en el proceso de separación no se han considerado adecuadamente bienes de gran valor, como «diez mil hectáreas de terreno en Tarija y un lote de doscientos cuarenta metros cuadrados en La Paz». Afirmó que dichos bienes, conforme a la ley, «deben ser incluidos en la distribución» correspondiente.
La ciudadana también expresó su «incertidumbre, dificultades económicas y falta de protección» a sus derechos, lo que ha afectado gravemente su bienestar personal y familiar. Enfatizó que la «inacción de las autoridades judiciales» ha prolongado su situación, por lo que instó a que «se tomen cartas en el asunto» y se garantice una resolución justa y equitativa.
Finalmente, la denunciante manifestó su preocupación por la «falta de socialización y cumplimiento» de las leyes que protegen a los adultos mayores, denunciando que «las instituciones encargadas no cumplen con su función» y que, en muchos casos, se emiten resoluciones que «perjudican a los afectados» en lugar de proteger sus derechos.
