El contrato por la construcción de los Puentes Trillizos habría sido suscrito utilizando UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda) en lugar de bolivianos, detalle que encareció el costo de la obra en más de Bs 25 millones.
La concejala Roxana Pérez del Castillo informó ayer que la Contraloría General del Estado emitió un informe preliminar en el que involucra a varias personas como responsables, en entre ellas a los exalcaldes Juan Del Granado y Luis Revilla.
“La construcción de los Puentes Trillizos fue una obra llave en mano, y por supuesto que si no hay una modificación a las condiciones, no se puede incrementar el monto que se pagará por ellos. Lo que han hecho para beneficiar a la empresa es cambiar el tipo de cambio —de dólares a UFV—, vulnerando la ley y generado un daño económico al Estado de más de Bs 25 millones, lo que implica más de $us 3 millones”, dijo la autoridad.
Utilizar UFV como tipo de cambio no es una práctica regular, según explicó la asambleísta, es más según el Código Civil boliviano. Este tipo de operaciones deberían hacerse en el tipo de moneda oficial.
El informe preliminar concluido en diciembre de 2021 fue remitido el 26 de abril de 2022 por el gerente principal de Auditoría de la Contraloría, Guery Cuentas Aguirre, al entonces presidente del Concejo Jorge Dulón y recién, después de casi cinco meses, el 2 de agosto fue puesto en conocimiento del pleno del Concejo y entregado tres días después a los concejales, detalló la Red Erbol.
“De parte de los concejales del señor Arias existe un silencio muy vinculado a la complicidad, porque entendemos que Arias es aliado de Revilla. Juan Del Granado continúa con Revilla, y Revilla con Arias, son una misma gestión y como tal hay un pacto de silencio entre ellos”, explicó Pérez del Castillo.
Debido a la eliminación de la Ley Municipal de Fiscalización y Auditorías, este y otros procesos de investigación sufren tropiezos administrativos y falta de colaboración municipal, ya que los encargados de este trabajo dentro del Concejo Municipal están atados de manos, sin normas a las que regirse.
“Si la ley continuara vigente, podríamos pedir auditorías específicas para colaborar con documentos probatorios en el proceso y podríamos fiscalizar los vínculos de los funcionarios que aún están en la Alcaldía con estas obras”, afirmó.
Según la concejala, la eliminación arbitraria de esta norma tuvo la intención de obstaculizar procesos de fiscalización que se llevan a cabo actualmente. Entre ellos la utilización del Real Plaza Hotel como espacio de aislamiento para enfermos con Covid-19 durante las primeras olas de la pandemia, y la investigación acerca de sobreprecios en la adquisición y administración de los buses Pumakatari.
En cuanto a este tema ya se han identificado indicios de sobreprecios, además de diversas irregularidades en su adquisición. Se dieron anticipos mayores a los estipulados por ley y los repuestos —que debieron ser estadounidenses y europeos— fueron cambiados por otros, chinos, que han sido descontinuados. Después del siniestro en el que se quemaron más de 60 vehículos, Revilla pidió que el seguro se cancelara en dinero y no en buses, lo que permitió que Arias se gastara la mitad y que hubiera meses y meses de retraso en su llegada.
Todo esto para que ahora no se los ponga en funcionamiento porque no se tienen planificadas sus rutas y no se tenga un plan de autosustento para el servicio, entre otras excusas.
“En la última inspección vimos cómo, sin un día de servicio, los buses ya están deteriorándose y no hay fecha clara para que puedan servir a la población, porque ahora requieren arreglos. La gestión de Arias, que debería haberse sentado en el sillón de burgomaestre ya con un plan, solo muestra improvisación que nos está costando a los paceños una cantidad enorme de recursos”, declaró. AEP
