Sucre, 8 de octubre de 2025 (ANV) .— La Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca (ALDCH), presidida por Elizabeth Mérida, reanudó la revisión del Plan Operativo Anual (POA) para la gestión 2026, luego de haberlo devuelto al Órgano Ejecutivo con 54 observaciones de fondo y forma.
Mérida expresó su preocupación por la calidad del documento, señalando que las observaciones son «realmente preocupantes», incluyendo fallas tan básicas como «observaciones donde ni siquiera se puede hacer una suma, ni siquiera se ha podido hacer un cálculo bueno». La asambleísta indicó que hay inconsistencias entre los montos presentados en el formulario y los «planillones».
Cuestionamiento a la Deuda Interna y Reducción Presupuestaria
La principal preocupación de la comisión se centra en la gestión de la deuda interna y los recursos destinados a la inversión pública. Mérida recordó que esta gestión se hizo una reprogramación de más de 30 millones de bolivianos de deuda interna, de los cuales 10 millones ya se cancelaron en planillas a proyectos.
Sin embargo, la asambleísta cuestionó el destino de los 20 millones de bolivianos restantes para 2026. «No sabemos dónde está, no sabemos en qué están utilizando eso, porque sabemos que esos recursos es para inversión pública con esa finalidad se hizo», declaró.
Mérida también desglosó la supuesta reducción presupuestaria del Gobierno Nacional, que el Ejecutivo cuantificó en 51 millones de bolivianos. Al restar los 20 millones de la reprogramación de la deuda interna, la reducción efectiva se limitaría a 31 millones de bolivianos.
Disminución de Inversión y Exclusión del Control Social
La presidenta de la comisión criticó que la disminución en el gasto corriente es «mínima, es un 10%», mientras que el porcentaje destinado a la inversión pública muestra una considerable baja, especialmente en las contrapartes para proyectos municipales, que es más de 17.16%. «En inversión pública están disminuyendo bastante y lo que queríamos nosotros que se disminuya más en gasto corriente», apuntó.
Finalmente, Mérida lamentó que la mala planificación se repita «año tras año» y criticó que, a pesar de existir una ley de control social, la Gobernación no ha tomado en cuenta a los representantes de los 29 municipios para la elaboración del plan. La asambleísta espera que la Gobernación se tome el tiempo de trabajar conjuntamente con la comisión para que las correcciones se hagan «de manera legal y conforme al reglamento».
