Sucre, 9 de septiembre (ANV).- El abogado constitucionalista Edgar Arraya recordó que en Bolivia está vigente la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, promulgada el 1 de diciembre de 2020, y advirtió que varias autoridades legislativas desconocen su alcance.
Arraya explicó que la norma establece que las máximas autoridades del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas, una vez concluidas sus funciones, “no podrán salir de territorio nacional por tres meses después de haber cesado sus funciones”.
Según precisó, esta disposición alcanzará al actual presidente Luis Alberto Arce Catacora, al vicepresidente, ministros de Estado, viceministros y directores nacionales, quienes terminan su mandato el 8 de noviembre de 2025. En consecuencia, “hasta febrero de 2026 estas autoridades deberán permanecer en el país para rendir todos los informes necesarios en el marco de la transparencia”, señaló.
El jurista destacó que la propia ley ordena que la Contraloría General del Estado remita a la Dirección General de Migración la lista de autoridades sujetas a esta restricción para garantizar su cumplimiento. En ese sentido, afirmó que “Migración, Interpol y el Ministerio Público tienen la obligación de actuar si alguna autoridad intenta salir del país antes del plazo establecido”.
Asimismo, criticó que algunos legisladores estén planteando una nueva normativa sobre permanencia obligatoria. “Aquí ya existe una ley, no un decreto, y lo único que corresponde es que el contralor general cumpla con lo dispuesto”, enfatizó.
Arraya concluyó que las autoridades que incumplan esta norma “serán responsables penalmente”, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1352.
