El gobierno de Rodrigo Paz se aleja de la opción de mano dura para poner fin a las protestas que cumplen siete semanas y opta por una estrategia de desgaste de los manifestantes y desarticulación de liderazgos mediante detenciones y cooptación, mientras el conflicto ya deja pérdidas económicas superiores a los 2.500 millones de dólares y afecta a miles de familias, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el conflicto está entrando en su “fase final”. Los puntos de bloqueo pasaron de 90 a poco más de 50, según la ABC. El vocero José Luis Gálvez afirmó: “La nueva Bolivia se construirá con diálogo, sin dar lugar a la violencia”. Sin embargo, organizaciones campesinas denuncian que dirigentes están siendo cooptados o detenidos.

El alto número de detenciones de ejecutivos sindicales hace pensar en una estrategia de descabezamiento. La COB denunció “arrestos irregulares” por parte de “policías encapuchados”. Algunos líderes como Mario Argollo se han declarado en la clandestinidad. Otros dirigentes han aceptado dialogar, lo que ha generado fracturas internas. “Los violentos les han quemado sus casas y prohibido dialogar”, confesó Gálvez.

El dirigente Severo Marca reprochó: “Las reuniones son con dirigentes que no representan al movimiento. Los que nos mantenemos leales estamos con el pueblo”. Las poblaciones campesinas de La Paz continúan con medidas de presión. Una nueva marcha se dirigió al Palacio de Gobierno. El dirigente Vicente Salazar fue detenido y liberado poco después.

El analista Guido Alejo sostuvo que el Gobierno baraja el despliegue militar como “última opción”. “Sabe que el costo político puede ser contraproducente y acelerar su caída”, afirmó. El periodista Andrés Gómez señaló que la estrategia de desgaste “reduce el número de muertos” pero el “costo político es enorme”. Los bloqueos han provocado la impaciencia de la población paceña.

El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, advirtió que “hoy somos un país más pobre que hace dos meses”. El impacto económico supera el 2% del PIB. “Los daños macroeconómicos son enormes, pero en muchos casos los efectos sobre pequeños productores pueden ser irreparables”, alertó. Las exportaciones enfrentan retrasos y las importaciones de insumos registran interrupciones. La crisis combina conflictos sociales y pérdida de confianza.