Sucre, 15 de abril (ANV).- César Gutiérrez, apoderado de 12 empresas constructoras, ha denunciado públicamente la falta de pago por parte de Concretec por trabajos realizados, algunos de ellos durante la cuarentena por COVID-19 en obras como Tintamayo y el Poteo de Valle Hermoso y San Antonio.
Gutiérrez afirma que Concretec les subcontrató y no les ha pagado. La situación se agrava con acusaciones de desvío de un fideicomiso de Bs 16 millones destinado a empresas chuquisaqueñas hacia Santa Cruz, donde se habrían pagado impuestos, salarios y a una sola empresa cruceña, según el apoderado.
En 2023, tras un «acto delincuencial» que involucró a representantes de la gobernación, se generó una movilización en Tintamayo. El alcalde comprometió un fideicomiso con el FNDR para pagar a las empresas chuquisaqueñas.
Sin embargo, este fideicomiso fue «desviado a la ciudad de Santa Cruz», donde se pagaron impuestos, sueldos y a una empresa cruceña, dejando a las empresas chuquisaqueñas sin pago. A raíz de esto, se iniciaron movilizaciones y una demanda penal que resultó en la destitución de Hugo Arancibia.
Ante la falta de pagos, las empresas constructoras buscaron una solución en Santa Cruz, contactando a una empresa cruceña, Inversiones Mar Adentro, que le debía dinero a Concretec.
Se realizó un proceso subrogatorio en el que las empresas constructoras recibieron terrenos de Mar Adentro, Mar Adentro pagó a Concretec con esa deuda, y Concretec recuperó 1.5 millones de bolivianos en intereses. Gutiérrez calificó esta gestión como «altamente exitosa para Concretec».
Dado que varias empresas quedaron sin pago, se propuso un segundo proceso subrogatorio con Predial, que estaba en dificultades con Concretec. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Gutiérrez ha enviado más de 20 notas a la gerencia general, directorio, junta de accionistas y copropietarios de Concretec, y se ha reunido con diversas autoridades, incluyendo al rector de la USFX Walter Arizaga, Damián Condori y Enrique Leaño.
A pesar de esto, la solución ha sido «sistemáticamente» rechazada, especialmente por la gestión de los directores de la gobernación, de Condori: María Isabel Figueroa y Karen Celaes.El juicio entre Predial y Concretec ha avanzado, con Predial ganando en primera y segunda instancia.
Concretec no apeló ni presentó recurso de casación, perdiendo un amparo constitucional y ejecutándose la sentencia. El juez determinó un daño económico de 4.7 millones de dólares que Concretec debe pagar a Predial, además de un contrato de 7 millones de dólares.
Esto suma más de 100 millones de bolivianos en daño económico. Se han transferido 160 casas a Predial como compensación. Gutiérrez señala que Concretec «nunca opone Peritaje, no opone nada» y ha rechazado posibilidades de conciliación, prefiriendo «perder económicamente que honrar sus deudas».
Actualmente, se está cerrando la actualización de calificación de daños y perjuicios de Predial contra Concretec en Santa Cruz. Las empresas constructoras han contactado a Denal Chávez Arteaga, dueño de Maradentro y Predial, quien ya ha cobrado 4.7 millones de dólares en su proceso.
Le han persuadido para que, por «responsabilidad social empresarial», no cobre la actualización y permita que las 12 empresas constructoras cobren con ese dinero. El empresario ha aceptado, pero Concretec «no quiere instrumentar y no quiere ejecutar».
Gutiérrez expresa su preocupación por «intereses oscuros» que podrían estar detrás de esta situación, generando daño a la propia institución. Afirma tener más de 19 documentos originales que respaldan sus denuncias, los cuales no han recibido respuesta en más de dos años.
