Sucre, 12 de febrero (ANV).- La directora de Gestión Legal del Gobierno Municipal de Sucre, Seila Mariel Vela, desmintió este jueves las denuncias de la comerciante Daniela Ortiz, quien acusa a la Alcaldía de allanamiento ilegal y robo de mercadería, y reveló que Ortiz adeuda más de cuatro años de alquiler, jamás tuvo contrato vigente y se niega a retirar la mercadería que, según la autoridad, está notariada y a su disposición desde agosto de 2025. Vela calificó la estrategia de la denunciante como «política y sin escrúpulos».
En una entrevista con ANV, Vela explicó que el proceso data de hace más de ocho años y corresponde a un litigio colectivo sobre bienes de dominio municipal. Según la Directora, la tienda número «4» del Mercado Central fue ocupada por Daniela Ortiz sin ningún vínculo contractual, luego de que su madre tuviera un contrato en otra tienda y su hermano, Eduardo Ortiz, poseyera uno en gestiones pasadas, pero sin vigencia desde 2018. «Ella jamás, jamás ha demostrado que tiene una relación contractual. No cuenta con un contrato de arrendamiento», enfatizó.
La autoridad municipal detalló que el área de activos fijos solicitó en reiteradas ocasiones a Ortiz que acredite su derecho de posesión, sin éxito. En febrero de 2024, la comerciante realizó un pago correspondiente a ese mes y salió a los medios a decir que no debía, pero Vela reveló que «revisamos los ingresos y debe más de tres años, a la fecha más de cuatro años». La deuda acumulada, según cálculos extraoficiales, superaría los 50.000 bolivianos solo por alquileres impagos.
Lee más: Sucre: Comerciante acusa a la Alcaldía de r0bo de mercadería en horas de la madrugada
Ante la negativa de desocupar, la Alcaldía procedió al desalojo y retiro de la mercadería, la cual —según Vela— «se encuentra notariada, a buen resguardo y está a disposición de esta señora desde agosto del 2025». Explicó que Ortiz presentó un poder notariado de su hermano recién en esa fecha, y la Alcaldía le notificó para que adjunte el documento y retire los bienes. «No lo retira, no le interesa, no sé», lamentó.
Respecto a las resoluciones judiciales que la comerciante asegura que la Alcaldía incumple, Vela sostuvo que el vocal de la sala contenciosa administrativa dispuso únicamente la entrega de las llaves de la tienda, las cuales ya estaban en resguardo del propio juzgado. «(Las llaves de la tienda) ya lo tenía el vocal en su sala. Esas llaves es que dispone la entrega», aclaró. Negó que exista orden de devolución de la mercadería y afirmó que las multas de 100 bolivianos diarios impuestas en mayo de 2025 fueron dejadas sin efecto.
La Directora de Gestión Legal cuestionó duramente al vocal que ordenó la devolución de las llaves, anunciando que el municipio asumirá acciones legales contra él por considerar su decisión «totalmente ilegal». Advirtió que la tienda ha sufrido deterioro por el tiempo debido a una «prohibición de innovar» solicitada por la propia Daniela Ortiz, lo que impidió a la Alcaldía dar mantenimiento o licitar el espacio.
Finalmente, Vela reveló que la deuda total de los arrendatarios al municipio alcanzan los 11 millones de bolivianos desde 2021 y que Ortiz es parte de un grupo que «generan y tienen la osadía de decir ‘es mi tienda y me han robado’ y se victimizan totalmente cuando ellos son los que generan daño económico». Sobre el proceso penal por allanamiento, informó que fue rechazado, pero Ortiz lo impugnó y continúa vigente, por lo que la Alcaldía hará su defensa.
«La población tiene la posibilidad de conocer la información real, no en base a mentiras y verdades convenientes donde la señora simplemente se victimiza para hacer quedar mal a una institución, a una autoridad, a servidores públicos que simplemente cumplen su función», concluyó Vela, ofreciendo facilitar copias de los documentos que respaldan la versión municipal.
