Una vez la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) entregue al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de los 96 candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se definirá la fecha de la tercera elección judicial del país, informó este miércoles el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.
“Una vez que esta ley sea promulgada podemos empezar a considerar, en primera instancia, el plazo de los 45 días (que tiene el Legislativo para preseleccionar a los candidatos) y tomar como referencia o hito importante que defina la fecha de la jornada de votación”, informó y explicó que el segundo hito será la fecha de entrega de la lista de los candidatos judiciales.
Esos dos plazos, de 45 días para el proceso de preselección y 90 días para organizar y convocar a las elecciones, están consignados en el proyecto de Ley Transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024 aprobado el 31 de agosto en el Senado y remitido a Diputados para su revisión.
Con esa propuesta legal, que fue aprobada por más de dos tercios de los senadores, en apego a la sentencia constitucional del TCP del 31 de julio, los comicios judiciales se realizarían en 2024 y no este año, como debía efectuarse.
Vargas confirmó en una entrevista en Radio Santa Cruz que “es muy difícil” que la elección se celebre en esta gestión y anticipó que promulgada la ley el TSE emitirá una posición colegiada como sala plena y se trazará un “calendario electoral bianual tentativo”, porque una parte de las actividades se tendrán que ejecutar en 2023 y las restantes, como el sufragio y la entrega de credenciales, en 2024.
Según previsiones de los legisladores, las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM) asumirían sus cargos en enero.
El proyecto de ley establece que mientras no se designe a las nuevas autoridades, se instaurará un proceso de transición y se suspenderán los plazos procesales para los casos que están en las máximas instancias judiciales.
“De manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en los despachos de las magistradas y magistrados salientes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”, se lee en el parágrafo tercero de la disposición adicional sexta de la propuesta.
En las elecciones judiciales los bolivianos elegirán 26 autoridades: 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional: 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; 5 magistrados del Tribunal Agroambiental y tres consejeros del Consejo de la Magistratura.
La primera elección judicial se realizó el 2011 y la segunda el 2017.
Proyecto de ley para las judiciales va a consulta de tres ministerios, el TSE, el Tribunal Supremo de Justicia y la Magistratura
En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidieron, “por responsabilidad”, elevar en consulta el proyecto de Ley Transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024 ante tres ministerios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura.
La decisión fue tomada, después del rechazo a la sugerencia de la oposición de dispensación de trámite y voto de urgencia para tratar el proyecto de ley. El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Juan José Jauregui, informó de la decisión y explicó que las instancias consultadas tienen un plazo de 10 días para responder.
“Hay una serie de elementos que integran esta norma, elementos incluso de índole económico porque se hace referencia a los recursos que van a ser presupuestados para la gestión 2024, dentro del Presupuesto General del Estado 2024, en consecuencia, por responsabilidad consideramos que debe remitirse en consulta al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Planificación del Desarrollo”, indicó.
Se consignó la consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque, de acuerdo con Jauregui, durante el debate en el Senado -donde se aprobó la ley para las judiciales- no se realizó ninguna coordinación con el ente electoral, responsable de organizar las elecciones judiciales, según la propuesta, en un plazo de 90 días.
“Consideramos que es necesario que también, formalmente, esta instancia pueda hacer llegar su criterio”, justificó.
De igual manera, la propuesta de ley fue elevada en consulta al Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Consejo de la Magistratura porque plantea ajustes a las leyes 025 y 027.
“Por responsabilidad en el trabajo, es que estamos realizando estas consultas, debo subrayar que no es un trabajo pospuesto de manera indefinida, son simplemente unos días porque es pertinente remitir estas consultas”, insistió.
Jauregui espera que las seis entidades respondan en un plazo de cinco días y no empleen los 10 que por normativa tienen, porque se trata de un tema urgente pues el país está esperando elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Magistratura (CM).
“Con esto no estamos haciendo una demora indefinida, probablemente se demore unos 10 o 5 días más, pero debo subrayar que la voluntad en la Comisión está por llevar adelante un proceso con absoluta responsabilidad”, aseguró.
En la norma remitida por el Senado “hay muchas inconsistencias que deben ser objeto de explicación y deben ser objeto de ajuste”, reiteró y añadió: “Esto no es ajeno a lo que prevé la norma en el ámbito del procedimiento legislativo”.
Con esa propuesta legal, que fue aprobada por más de dos tercios de los senadores, en apego a la sentencia constitucional del TCP del 31 de julio, los comicios judiciales se realizarían en enero de 2024 y las nuevas autoridades asumirían en febrero. || ABI
