Sucre, 29 de mayo (ANV).- El presidente de una de las representaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca (APDH), Freddy Jiménez, alertó este lunes sobre el grave estado de hacinamiento que vive actualmente el penal de San Roque en la ciudad de Sucre, cuya capacidad se encuentra desbordada en más del 600 por ciento.

“Estamos hablando de más de mil doscientas personas privadas de libertad en un espacio destinado solo para doscientas”, informó Jiménez, al confirmar que muchos internos deben dormir en condiciones inadecuadas, incluso en los baños y en ambientes improvisados como la capilla del recinto.

La situación, que ha sido reiteradamente denunciada por distintas instancias, no ha encontrado aún una solución estructural. Jiménez indicó que ya existen avances preliminares en torno a un proyecto de ley para la transferencia de terrenos que permitiría la construcción de un nuevo centro penitenciario en el departamento. Sin embargo, lamentó que este proceso se haya estancado.

“Vamos a hacer la nota correspondiente al Ministerio de Gobierno para que no se vean sorprendidos cuando llegue el proyecto de ley”, declaró, agregando que las reuniones agendadas con anterioridad con el exministro Eduardo del Castillo fueron suspendidas. “Lamentablemente, se ha ido truncando; las reuniones concertadas a través de la Brigada Parlamentaria no se han concretado, pero vamos a intentar retomar las negociaciones”, precisó.

El dirigente de derechos humanos remarcó que este proyecto ya está incluido como prioridad en la agenda legislativa de mayo y como parte del cronograma del Bicentenario, por lo que espera que el Gobierno central tenga conocimiento y dé celeridad al tratamiento de la normativa.

Jiménez también criticó la falta de implementación de medidas alternativas a la detención preventiva, como los dispositivos de vigilancia electrónica. “Hemos sugerido en reiteradas ocasiones que se haga uso efectivo de los grilletes electrónicos, especialmente para personas procesadas por asistencia familiar. Esos dispositivos están oxidándose en algún almacén del país mientras los centros penitenciarios colapsan”, denunció.

Finalmente, reiteró que el problema del hacinamiento no solo representa una vulneración de derechos humanos, sino también un riesgo para la seguridad y la salud de los internos y del personal penitenciario. “El sistema de justicia y el Estado deben actuar con urgencia. No se trata solo de cifras, sino de dignidad humana”, concluyó.