Sucre 12 de junio (ANV).-Representantes del sector policial en retiro y asociaciones de jubilados emitieron declaraciones públicas exigiendo una investigación profunda sobre los hechos ocurridos en la localidad de Llallagua, donde varios policías perdieron la vida durante los recientes enfrentamientos en el marco de los bloqueos sociales.

Felipe Chirari, presidente de los jubilados, expresó su rechazo a la violencia y solicitó que se identifique a los responsables de las muertes. “Pedimos la pronta investigación de los presuntos autores materiales e intelectuales. Asimismo, pedimos una pena de treinta años de prisión en la cárcel sin derecho a indulto”, declaró.

Según Chirari, los efectivos enviados a Llallagua no habrían contado con el equipo policial adecuado para responder a la situación. “Los sargentos que avanzaron no portaban su equipo policial. Me refiero al armamento policial, a nuestras pistolas de reglamento”, señaló. Añadió que los manifestantes habrían portado “armamento de largo alcance, me refiero a los fusiles”.

El dirigente también criticó la actuación de los mandos policiales en Oruro y Potosí. “Es así, el comandante general y su alto mando policial desarmaron a los policías que avanzaron a Llallagua. ¿Cómo han fallecido nuestros camaradas? Totalmente golpeados con piedras, con palos. Por último, les han quitado la vida con una pistola, con un armamento de largo alcance”, afirmó.

Chirari pidió que los familiares de los policías fallecidos inicien acciones legales. “Deben iniciar un proceso penal contra los comandantes y el comandante general de la Policía Nacional”, sostuvo.

El dirigente también se refirió al expresidente Evo Morales. “No se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión que tiene este señor. El actual presidente Luis Arce es cómplice en proteger a Evo Morales en la ciudad de Cochabamba, en el Chapare”, aseveró, reclamando que la orden pendiente sea ejecutada.

Al concluir su intervención, declaró: “Nos quedamos en estado de emergencia todos los policías activos y pasivos y las señoras esposas”.

En la misma línea, la teniente coronel en retiro María Susana Rivas Porcel, presidenta de la Asociación Centro de Generales, Jefes, Oficiales y Viudas, calificó lo ocurrido como un acto “cobarde” y “brutal”.

“Bolivia está de luto. Nos invade el dolor, la indignación ante estos hechos criminales que desgarran el alma de nuestra institución del orden y de toda nuestra nación”, manifestó. Agregó que “su entrega a la patria permanecerá como un símbolo de honor y compromiso inquebrantable”.

Rivas exigió que se aplique la ley con todo su rigor: “Exigimos a las autoridades competentes una investigación exhaustiva que permita identificar y llevar ante la justicia a los materiales e intelectuales de este crimen”.

La oficial en retiro también hizo un llamado a la institucionalidad democrática: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la paz, el respeto a la ley y la seguridad de nuestro país. La sociedad no puede permitir que el miedo, el terror gobierne nuestras calles”.

Finalizó con una exhortación al cumplimiento de la Constitución: “Exigimos a las autoridades cumplan con las leyes y no permitan que la violencia desborde. No más sangre inocente derramada, no más familias destrozadas por la barbarie. Perdón ni olvido. ¡Viva Bolivia, viva la Policía Boliviana y viva el servicio pasivo policial de la ciudad de Sucre!”.