La Senadora Nelly Gallo presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional con el cual busca permitir y asegurar que los legisladores puedan ejercer su derecho a presentar consultas previas ante la Asamblea Legislativa Plurinacional antes de la aprobación de leyes que pudieran ser inconstitucionales.

Gallo argumentó que la reciente limitación en el reglamento de la Asamblea,  restringe esta prerrogativa únicamente al vicepresidente del Estado y socava la capacidad de los legisladores para garantizar la conformidad constitucional de las leyes.

«Estamos en un momento crucial donde la salvaguardia de los derechos fundamentales está en juego», afirmó la Senadora Gallo. «Como representantes de la población, es nuestro deber asegurarnos de que las leyes que aprobamos no solo beneficien, sino que también protejan a nuestra comunidad. El acceso a la justicia constitucional es un pilar esencial en esta tarea».

La Senadora Gallo destacó la importancia de evitar la aprobación de leyes inconstitucionales, que podrían llevar a una situación de dictadura por parte del gobierno y menoscabar los derechos de la minoría en la población. Además, señaló que la falta de consulta previa constitucional puede resultar en leyes que, una vez implementadas, requieran ser revocadas o modificadas posteriormente, causando inconvenientes y perjuicios para los ciudadanos.

La solicitud de la Senadora Gallo también aboga por un acceso más amplio a la información desde el tribunal multidimensional, permitiendo una evaluación exhaustiva de la constitucionalidad de las leyes antes de su emisión oficial. Esta medida busca prevenir situaciones en las que se deban realizar ajustes sustanciales en normativas ya aprobadas, lo que podría afectar negativamente a la población y ralentizar procesos judiciales.

La acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por la Senadora Gallo se suma a un llamado más amplio a favor de una justicia constitucional accesible y efectiva. A través de esta iniciativa, se espera establecer un precedente sólido para el ejercicio de los derechos constitucionales por parte de los legisladores y, en última instancia, proteger los intereses de la población que representan.