Samuel Doria Medina dejará de pagar el Impuesto a las Grandes Fortunas y asegura que era «Contraproducente»

|| Doria Medina destacó que la combinación de menor gasto público y la decisión del Banco Central de no emitir fondos sin respaldo "tienen que contribuir a aliviar la inflación en la recta final del año"

Sucre, 24 de noviembre (ANV).- Samuel Doria Medina, empresario y excandidato presidencial, respaldó las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Rodrigo Paz que incluyen la eliminación del impuesto a las grandes fortunas, la reducción del 30% en gastos del Estado y el pago ordenado de deudas gubernamentales, durante una declaración donde calificó como «contraproducente» el tributo patrimonial que afectó a 225 contribuyentes.

El empresario confirmó que «he pagado siempre el impuesto a las grandes fortunas», pero consideró que «era contraproducente porque impulsaba a potenciales inversionistas a irse del país». Doria Medina valoró las «señales económicas positivas» implementadas por el nuevo gobierno, particularmente la reducción del gasto público equivalente a 4 puntos del PIB y la eliminación de impuestos «insulsos».

Las declaraciones del empresario se producen tras el anuncio del ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sobre la abrogación de cuatro tributos que representaban menos del 1% de la recaudación fiscal: impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las transferencias financieras (ITF), impuesto al juego e impuesto a las promociones empresariales. Entre 2021-2022, el IGF había recaudado más de 446 millones de bolivianos.

Doria Medina destacó que la combinación de menor gasto público y la decisión del Banco Central de no emitir fondos sin respaldo «tienen que contribuir a aliviar la inflación en la recta final del año». El empresario enfatizó la importancia de estas medidas para estabilizar la economía nacional y generar confianza en los inversionistas.

El impuesto a las grandes fortunas, establecido mediante Ley 1357 en diciembre de 2020, gravaba patrimonios netos superiores a los 30 millones de bolivianos. Según registros oficiales, en su primer año de implementación (2021) la recaudación alcanzó 159.3 millones de bolivianos, incrementándose a 163.3 millones para marzo de 2022.

La eliminación de estos tributos requerirá aprobación legislativa, proceso que se anticipa ágil dado que el oficialismo cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Las autoridades económicas preparan los proyectos de ley para su presentación en el primer periodo de sesiones ordinarias de la nueva gestión.

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