Sucre, 7 de enero (ANV).- Daniela Valdes, candidata a la alcaldía del municipio de Sucre por el pueblo originario de Huacaya, ha denunciado públicamente la supuesta usurpación de funciones y el cobro de dinero por candidaturas por parte de individuos ajenos a su organización.
Valdes, quien cuenta con la habilitación del Tribunal Electoral Departamental desde el 30 de diciembre para participar en las elecciones subnacionales, afirmó que su candidatura y la de Rildo Ramos, candidato a la gobernación, están respaldadas por una resolución de asamblea, un proceso que, según ella, se realiza por primera vez en Bolivia con la participación de una nación en elecciones.
La candidata enfatizó que «esto no es un partido político (ni) una agrupación ciudadana» y que su organización no está pidiendo «ni un centavo para candidaturas».
La denuncia surge a raíz de declaraciones en medios de comunicación del Edwin Loayza, quien supuestamente fue invitado a ser candidato a la gobernación de Huacaya. Valdes expresó sorpresa ante estas afirmaciones, señalando que «los únicos que tenemos la constantes de conformar nuestra plancha tanto en la alcaldía y la gobernación, somos nosotros» dijo Valdez.
En un comunicado a la opinión pública, el pueblo originario de Huacaya advirtió sobre Loayza, acusándolo de realizar reuniones a sus espaldas y de intentar conformar estructuras y una plancha sin validez, además de supuestamente cobrar dinero a los pueblos indígenas de Huacaya.
Asimismo, se mencionó que el señor Gastón González tiene un prontuario relacionado con estafa, aunque los casos estén archivados. Valdes instó a la población a no dejarse engañar por este señor, quien estaría «usurpando funciones» y cometiendo «actos delictivos ya dentro de esta de los pueblos indígenas».
La candidata aseguró que su organización está «totalmente limpia» y que las personas que los acompañen en las elecciones subnacionales deben ser «limpios sin cola política que les pise». Se reiteró que no existe división dentro del pueblo originario de Huacaya y que la persona denunciada es externa a la comunidad, sin ninguna atribución o tuición competente, a pesar de haber iniciado un proyecto con ellos.
