USFX propone que con aplicación del «50-50», 25% sea por población y 25% por igual a cada departamento

|| Para frenar la pobreza y la migración regional

Sucre, 10 de julio (ANV).- En el marco de los debates sobre la distribución de recursos estatales, el vicerrector Erick Mita planteó una propuesta que busca modificar el esquema actual —donde el gobierno central administra el 75% y las regiones reciben el 25%— para establecer un reparto equitativo del 50% para el nivel central y el 50% para las regiones, con el fin de evitar que la asignación se base únicamente en la cantidad de habitantes y así mitigar la pobreza y la migración en los departamentos con menor población.

Actualmente, los recursos se distribuyen con una fuerte centralización, destinando solo una cuarta parte a gobernaciones, municipios y universidades. Ante este escenario, Mita manifestó su desacuerdo con que la futura distribución se realice exclusivamente por criterios poblacionales, argumentando que esto beneficiaría de manera desproporcionada a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, en desmedro de regiones como Chuquisaca, Tarija, Potosí, Beni y Pando.

Para corregir este desequilibrio, la propuesta académica sugiere que, del 50% destinado a las regiones, la mitad (25%) se asigne por población y la otra mitad (25%) se distribuya de forma equitativa entre todas las regiones.

Asimismo, se plantea la creación de un fondo de compensación equivalente al 5% de los recursos del Estado, dirigido a financiar proyectos en los departamentos con menores índices de desarrollo humano. Según la autoridad universitaria, «el gobierno tiene la responsabilidad de promover el desarrollo equitativo» para evitar problemas a largo plazo como la delincuencia y la creación de cinturones de pobreza en las urbes mayoritarias.

La propuesta de la universidad también contempla porcentajes específicos para gobernaciones, municipios, universidades y pueblos indígenas. Este planteamiento será debatido el próximo lunes en un consejo convocado por la gobernación departamental, al cual han sido invitadas 36 instituciones, entre ellas el gobierno municipal, el comité cívico, la brigada parlamentaria y la propia universidad.

Mita señaló que la iniciativa no está cerrada a modificaciones, expresando que esperan «llegar a un consenso y tener un planteamiento ante el gobierno central, toda vez que nos urge esos recursos para que se pueda generar inversiones».

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