Sucre, 24 de enero (ANV).- El estado actual de la planta procesadora de manzana en Azurduy ha generado debate entre autoridades locales y nacionales. Mientras el alcalde de Azurduy, Griseldo Martínez, sostiene que el proyecto está en proceso de conclusión, el diputado nacional Héctor Arce cuestiona los retrasos y la falta de operatividad de la planta, calificándola como una obra que podría convertirse en un «elefante blanco».
Martínez explicó que la planta, cuya infraestructura está terminada, aún requiere la adquisición de equipamiento complementario para la transformación de la manzana, así como capacitación y reglamentación para su funcionamiento. Según el alcalde, “el equipamiento que inicialmente estaba presupuestado en 1 millón de bolivianos ahora cuesta más de 2 millones debido a la subida del dólar y de productos relacionados”. Añadió que existe un compromiso del Gobierno central para culminar el proyecto en los próximos meses.
“En los próximos días vamos a dar luz verde para que esta planta procesadora de una vez por todas funcione. Por ahora, solo está la infraestructura y el equipo de empaque. Estamos haciendo gestiones para contar con un presupuesto adicional de al menos 2,5 millones de bolivianos para el arranque”, afirmó Martínez.
Por su parte, el diputado Héctor Arce señaló que el proyecto, denominado Centro de Almacenamiento de la Manzana y Derivados (Promazur), ha tenido retrasos significativos. Según documentos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la obra, adjudicada en mayo de 2022 por 5,7 millones de bolivianos, debía ser entregada en 335 días. Sin embargo, se realizaron ampliaciones de plazo, y en junio de 2023 se firmó un acta de recepción provisional con 22 observaciones, que aún no han sido subsanadas.
Arce anunció que solicitará informes escritos al Ejecutivo para esclarecer las causas del retraso y que no descarta presentar una denuncia ante la Contraloría General del Estado para exigir una auditoría y posibles acciones legales.
El futuro de la planta procesadora de manzana, que busca beneficiar a los productores locales, depende ahora de la resolución de los aspectos técnicos y financieros pendientes.
