La Paz, 19 de junio (ANV).- El presidente Rodrigo Paz y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, firmaron un documento de 18 puntos para la pacificación y recuperación del país, que incluye el rechazo a la criminalización de la protesta, la no privatización de empresas públicas, la transparencia en negociaciones con organismos internacionales y el compromiso de no aceptar condicionamientos del FMI, aunque la Federación Túpac Katari instruyó mantener y masificar los puntos de bloqueo hasta una decisión orgánica.
El acuerdo establece que el Gobierno nacional “no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta” y que “no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”. También reconoce el “rol histórico de la Central Obrera Boliviana” y garantiza el respeto al fuero sindical.
En materia de soberanía económica, el documento ratifica que el Gobierno “no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano”. Además, se compromete a transparentar toda negociación con organismos internacionales “conforme a la normativa vigente” y a cumplir el artículo 320 de la Constitución, que establece que el Estado “no aceptará imposiciones ni condicionamientos” de bancos o instituciones financieras extranjeras.
Sobre la distribución de recursos, el Gobierno impulsará una mesa técnica de pacto fiscal bajo la premisa del 50/50, aclarando que educación y salud son responsabilidad del Estado según el artículo 77 de la CPE. En materia de hidrocarburos, se compromete a garantizar el abastecimiento con estándares internacionales de calidad, presentar un informe de resarcimiento por la “gasolina basura” y realizar una auditoría técnica y financiera externa independiente.
El acuerdo también contempla la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso “narcomaderas” y la cooperación en la investigación del caso “narcomaletas”. En el ámbito laboral, el Gobierno se compromete a impulsar medidas para proteger la canasta familiar y a conformar una comisión técnica para revisar la Ley de Pensiones N° 065. También se instalarán mesas de trabajo para abordar los pliegos petitorios de la COB y sectores específicos.
El documento incluye una cláusula de cumplimiento: el Gobierno se compromete a ejecutar todos los puntos en un plazo que no exceda los 90 días. Se conformó además una comisión legal para gestionar la liberación de detenidos, con participación del Ministerio Público. El acuerdo fue firmado en el marco de las negociaciones iniciadas tras 50 días de bloqueos y protestas.
Sin embargo, horas después de la firma, la Federación Túpac Katari emitió un instructivo ordenando a las 20 provincias “mantener y masificar los puntos de bloqueos” hasta una decisión orgánica en un ampliado departamental. El documento instruye dejar “paso libre sin extorsionar” a los relevos y advierte sanciones para quienes incumplan. La medida contradice el espíritu del acuerdo firmado entre el Gobierno y la COB.
El dirigente Vicente Salazar no firmó el acuerdo y mantiene su postura de continuar con las medidas de presión. La Túpac Katari exige que cualquier decisión sobre el levantamiento de bloqueos sea tomada en asamblea con las bases. Mientras tanto, el Gobierno espera que el acuerdo permita la normalización del abastecimiento y la libre transitabilidad en las carreteras.
El diálogo entre el Ejecutivo y la COB continuará en los próximos días, con la instalación de mesas técnicas para abordar los puntos del acuerdo. La COB, por su parte, celebró la firma del documento como un avance en la pacificación del país, aunque reconoció que la implementación dependerá de la voluntad política del Gobierno. La ciudadanía espera que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones concretas para superar la crisis.
