En la tarde del miércoles murió Alberto Fujimori, el expresidente que sembró el terror en Perú. Tenía 86 años. La noticia la dio a conocer su hija, Keiko, quien siguió el legado de su padre y se presentó como candidata en las últimas elecciones.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, escribió Keiko Fujimori. El breve comunicado llevó la firma, además, de Kenji, Sachie e Hiro, los otros hijos del expresidente de Perú.
En mayo pasado, el exmandatario había informado que tenía un tumor maligno en la lengua. Fue un nuevo problema en esa parte del cuerpo, aquejada por una lesión cancerígena desde hacía 27 años. Por esa causa le habían practicado seis cirugías en poco menos de tres décadas.
Además, padecía otras afecciones estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.
En los últimos días, su estado de salud se había agravado y los médicos informaron que “está luchando por su vida”. Finalmente, este miércoles se conoció la noticia de su deceso. El exmandatario, de 86 años, falleció en la casa de su hija Keiko Fujimori, donde residía desde su excarcelación en diciembre pasado.
La historia de un dictador
Alberto Fujimori, apodado “Chino” por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 e irrumpió en la política en la década del 90.
Se impuso en las elecciones presidenciales peruanas de 1989 y apenas tres años después, el 5 de abril de 1992, y en colaboración con las Fuerzas Armadas, dio un golpe de Estado que abolió la Constitución, cerró el Congreso e intervino el Palacio de Justicia.
Se mantuvo en el poder durante diez años, los cuales estuvieron salpicados por varias masacres, incluida las de Barrios Altos y La Cantuta -que le sirvieron una condena de prisión-, así como de graves violaciones a los derechos humanos. Las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres y hombres, en su mayoría indígenas, son solo un ejemplo de las atrocidades cometidas durante su gobierno.
Asimismo, durante su mandato se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también fue preso. Este sería el principio del fin.
En septiembre de 2000, se difundió un vídeo en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, y esto obligó a Fujimori a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.
Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.
En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad: se lo responsabilizó por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) y los secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. También, fue sentenciado por espionaje y corrupción.
El exmandatario cumplió su condena en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.
En esa prisión fue ganando de manera progresiva compañeros de reclusión. Durante meses la compartió con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.
En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.
Sin embargo, investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.
La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.
La Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.
La polémica en torno a su figura ha llegado a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que es juzgada por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.
Finalmente, en diciembre pasado, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación, un desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y una última muestra de la influencia sobre el poder que tuvo Fujimori hasta su último minuto.