La Magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Georgina Amusquivar Molle, tras denuncia de profesores y junta de padres de la Unidad Educativa “Mariscal Sucre B”, por supuestos actos de “coacción” en conferencia de prensa respondió que tanto ella como su esposo han presentado reclamos ante instancias educativas correspondientes debido a presuntas irregularidades y violaciones al reglamento en el proceso de enseñanza y evaluación, particularmente relacionadas con su hija, quien aún era menor de edad al momento de los hechos. Enfatiza que no se ha ejercido ninguna coacción ni influencia indebida sobre las instituciones educativas.
Amusquivar aclaró que además de ser una autoridad en el Tribunal, también es una madre de familia con derechos y responsabilidades comunes “Nosotros no dejamos de ser personas. No dejamos de ser ciudadanos. No dejamos de seguir cumpliendo también otros roles, de mujer, de madre”.
Enfatizando que no utiliza su posición para influir indebidamente en instituciones o autoridades educativas. Solicitó a los profesores y a la Unidad Educativa que no malinterpreten su intervención y destaca que su objetivo es abordar reclamaciones como cualquier madre, sin ejercer presiones indebidas, “Pedir a los profesores a la Unidad Educativa que no se maneje de esa forma, el prestigio, la dignidad en todo caso, de mi persona como mujer, de mi hija que es, como le digo, acaba de cumplir recién la mayoría de edad” indicó
Pidió a los profesores y a la Unidad Educativa que no manejen la situación de manera que afecte la dignidad de su familia, señalando que ella se presenta como madre de familia y ciudadana, no como autoridad, cuando aborda estos temas. Asimismo, destacó la importancia de preservar la privacidad y la salud de su hija, quien enfrenta problemas de salud conocidos por la escuela y las autoridades educativas.
Amusquivar menciona que la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de evaluación se presentó cuando su hija cursaba el sexto de Secundaria, siendo su esposo y su hija quienes participaron en el proceso. La magistrada subraya que la determinación de responsabilidades administrativas recae en la Dirección Departamental y que su principal preocupación es garantizar la continuidad de los estudios de su hija, siempre bajo la recomendación médica debido a su situación de salud que prefirió se mantenga en reserva.
