Sucre, 11 de noviembre (ANV).- Cristian Arancibia, presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, anunció que el sistema judicial boliviano se encuentra en «estado de máxima alerta» y «luto institucional» tras el asesinato del juez chuquisaqueño Wilbert Cortés en Cochabamba, durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta nacional Grenny Bolling donde revelaron la existencia de más de 50 denuncias por amenazas a jueces a nivel nacional.
Arancibia señaló que los servidores judiciales enfrentan «constantes amenazas, ataques, hostigamiento y presión social» que atentan contra la independencia judicial, destacando especialmente el rol de redes sociales como TikTok donde «cualquier ciudadano hoy en día pueda atentar y amenazar e instigar al delito en contra de servidores judiciales». La asociación exigió al Ministerio Público investigar no solo a los autores materiales sino también intelectuales del asesinato del juez Cortés.
La presidenta nacional Bolling afirmó que «no se puede hablar de independencia cuando un juez es objeto de presión» y cuestionó la falta de investigaciones serias sobre el fallecimiento de magistrados, incluyendo casos anteriores como el de un exjuez de La Paz. «Los jueces para poder administrar justicia tienen que actuar de manera independiente», sostuvo, enfatizando que este principio beneficia a toda la sociedad.
Entre las demandas concretas, los magistrados señalaron la insuficiencia presupuestaria del órgano judicial, que recibe menos del 0.5% del Tesoro General del Estado, y la falta de creación de nuevos juzgados en los últimos cinco años. Anunciaron su participación en la cumbre de justicia del viernes, donde solicitarán la presencia del presidente Rodrigo Paz y el ministro Freddy Vidovic para abordar estas problemáticas.
La asociación también alertó sobre interferencias de grupos de control social que impedirían el normal desarrollo de audiencias, citando incidentes recientes en Santa Cruz donde manifestantes habrían interrumpido procesos judiciales. Los magistrados concluyeron que sin garantías de seguridad e independencia, resulta imposible devolver la credibilidad ciudadana en la administración de justicia.
