El representante defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga, advirtió que la situación en las cárceles del departamento y del país atraviesa un momento crítico, caracterizado por el hacinamiento, la falta de alimentación regular, carencias en la atención médica y deficiencias en seguridad.

“Desde la Defensoría del Pueblo lo hemos venido anticipando de manera oportuna, pero el día de ayer el propio Defensor Pedro Calisaya hizo conocer una alerta nacional con relación a la alta preocupación que se vive en las cárceles del país”, señaló Mayorga.

Uno de los problemas más graves, dijo, es el hacinamiento. En el caso de la carceleta de Camargo, la sobrepoblación alcanzó un 336%, cifra que refleja la precariedad del sistema. A ello se suma el incumplimiento en el pago de prediarios. “Estamos ingresando al cuarto mes de la falta de pago de prediarios. Si bien se nos ha informado que se hacen ajustes presupuestarios, este problema se extiende porque no solo se debe atender a las cárceles de Sucre, sino también a las de las provincias”, explicó.

La falta de atención médica oportuna también ha derivado en muertes naturales, mientras que la insuficiente seguridad interna ha provocado decesos en circunstancias violentas. “Más allá de los anuncios de indulto y amnistía, no vemos una cantidad considerable de beneficiarios”, agregó Mayorga, al referirse a la medida impulsada por el Tribunal Supremo de Justicia.

El representante defensorial informó que en Chuquisaca se han identificado casos de personas con discapacidad auditiva en detención preventiva que requieren atención prioritaria. “El día de mañana tendremos una reunión interinstitucional para ver cómo damos condiciones a estas personas a partir de su salida”, sostuvo.

La Defensoría emitió una serie de recomendaciones, entre ellas la necesidad de abordar de manera urgente el hacinamiento, retomar el debate sobre la implementación de manillas electrónicas, mejorar la atención en salud y garantizar los prediarios. “Definitivamente esto es una responsabilidad que involucra al nivel nacional, departamental y municipal. No atenderlo de manera urgente genera responsabilidad al Estado boliviano”, subrayó.

Mayorga advirtió además que en las carceletas de Chuquisaca no se cuenta con el derecho propietario regularizado, lo que impide realizar inversiones para mejorar la infraestructura. “Nos preocupa que, incluso en la ciudad de Sucre, no se haya definido el derecho propietario en más de 20 años, lo que limita la posibilidad de realizar mejoras”, indicó.

La Defensoría reiteró que la crisis penitenciaria debe ser atendida de manera integral y coordinada entre todos los niveles del Estado, al ser una responsabilidad compartida.