La Paz, 6 de febrero (ANV).- La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó a fines de 2025 un contrato por Bs 8,8 millones a la empresa Camin Cargo Control Argentina S.A. Sucursal Bolivia para el control de calidad de carburantes, servicio que no detectó la gasolina de mala calidad que dañó miles de motorizados, según reveló un informe interno. En respuesta a la crisis, el presidente de YPFB, Armin Dávila, anunció la desvinculación de 360 funcionarios y el Gobierno atribuyó el problema a residuos en tanques de gestiones anteriores.
El contrato, adjudicado por invitación directa el 29 de diciembre de 2025, tenía como objetivo la inspección de cantidad y calidad de gasolina y otros carburantes en 45 plantas de almacenamiento de YPFB para la gestión 2026. Pese a esta supervisión millonaria, se comercializó combustible contaminado que provocó una «pandemia» de daños en motores, inyectores y bombas de gasolina en vehículos y motocicletas, principalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Oruro.
Frente a la emergencia, el presidente de YPFB Corporación, Armin Dávila, informó de una reestructuración interna que incluyó la desvinculación de 360 personas «con el propósito de buscar optimizar los recursos del Estado» y designó a nuevos gerentes en las áreas de Refinación y Operaciones. Dávila aseguró que el problema se circunscribe a puntos específicos y que la gasolina importada cumple todos los estándares internacionales, sugiriendo que pudo haber «mano negra» en el incidente.
Mientras tanto, los choferes afectados se movilizaron y anunciaron medidas de presión más radicales, incluyendo un paro y bloqueos a partir del lunes, si el Gobierno no atiende su demanda de resarcimiento. Dirigentes del transporte estiman que cada afectado gastó al menos Bs 8.000 en reparaciones, con casos que superan los Bs 30.000 por el cambio completo de motor.
La Central Obrera Boliviana (COB) respaldó las demandas del sector, exigiendo a través de un comunicado un «resarcimiento inmediato por los daños (sin trámites humillantes)» y la destitución y sanción de los responsables del hecho. Los choferes proponen que la compensación se realice a través de mecanismos como vales o beneficios tributarios, en lugar de dinero en efectivo.
El Gobierno, por su parte, atribuyó la causa del combustible defectuoso a residuos dejados en tanques de almacenamiento por la anterior gestión de YPFB, los cuales habrían contaminado los nuevos lotes de gasolina adquiridos bajo estándares de calidad. Esta explicación no ha calmado la indignación del sector transportista ni de la ciudadanía afectada.
La empresa contratada para el control de calidad, Camin Cargo Control Argentina S.A., presentó una garantía del 7% del contrato, pero el pliego no especificaba porcentajes de penalización por incumplimiento. Legálmente, YPFB podría procesar a la firma para exigir el pago por los daños ocasionados debido a su presunta falta de supervisión efectiva.
