El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas a 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares, señalados por presuntamente haber facilitado, protegido o colaborado con actividades vinculadas al crimen organizado; la lista incluye al fiscal general Roger Mariaca y al expresidente de la Aduana Alberto Samuel Soto de la Vía; y la medida alcanza también al coronel Frans William Cabrera Quispe, exdirector nacional de la FELCN.

De acuerdo con el documento difundido por la administración de Donald Trump, la medida incluye la revocación de visas estadounidenses que ya habían sido otorgadas a las personas alcanzadas y a sus familias. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado.

La lista incluye a fiscales, jueces, exautoridades, miembros de la Policía y un empresario. Entre los nombres figuran Martín Daniel Iruista Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores y Rosario Ximena Flores Paniagua.

También aparecen Iván Manolo Lima Magne, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Israel Ramiro Campero Méndez y Alberto Samuel Soto de la Vía. La nómina se completa con Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi.

Entre los nombres destaca el coronel Frans William Cabrera Quispe, quien ejerció como director nacional de la FELCN y posteriormente fue designado inspector general interino de la Policía. Fuentes públicas confirman que Cabrera encabezó la FELCN durante 2026.

Cabrera dejó la Inspectoría General este 23 de septiembre, según los registros institucionales de la Policía Boliviana. El documento estadounidense lo identifica como una de las autoridades alcanzadas por las restricciones migratorias.

También aparece Alberto Samuel Soto de la Vía, identificado en el documento estadounidense como expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional. Soto de la Vía dejó el cargo en semanas recientes tras las denuncias de presunta corrupción en la institución.

La lista incluye además a fiscales y jueces que ocuparon cargos relevantes dentro del sistema judicial boliviano. El documento no detalla los hechos específicos que motivaron la decisión contra cada una de las personas mencionadas.

La decisión estadounidense pone bajo la lupa a funcionarios y exfuncionarios bolivianos por sus presuntos nexos o actuaciones relacionadas con estructuras del crimen organizado. El Departamento de Estado no emitió un comunicado ampliatorio sobre los casos individuales.

La revocación de una visa constituye una medida administrativa migratoria y no equivale por sí misma a una condena penal. Las personas alcanzadas no han sido procesadas judicialmente en Estados Unidos por los hechos que motivaron la restricción.

El Gobierno boliviano no se pronunció oficialmente sobre la decisión del Departamento de Estado. Las autoridades nacionales tampoco emitieron un comunicado respecto a las restricciones migratorias contra los 12 ciudadanos bolivianos.